Prisión sin fianza para el alcalde de El Ejido y su interventor

EFE La jueza que instruye las diligencias de la Operación Poniente, que investiga una presunta trama de corrupción entre el Ayuntamiento de El Ejido, ha decretado esta noche prisión sin fianza para el alcalde, Juan Enciso (PAL), y el interventor municipal, José Alemán.

Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, imputa a Enciso y Alemán los delitos de blanqueo, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias.

Además, la jueza ha ordenado prisión sin fianza para el representante de la empresa Gestora Ejidense, Ambrosio Cuevas.

Los mismos cargos se les imputan al cuñado del alcalde y hermano de su mujer, Francisco Javier A.C., al hermano de Alemán, Enrique Alemán, y al empresario vinculado a la sociedad Gestora Ejidense Jesús Aragón, aunque para ellos la jueza ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros.

En prisión incondicional sin fianza están también desde ayer el empresario José Amate, administrador de las empresas Arborimar y Maviroad, su hijo y sus dos yernos, con lo que suman siete de los 20 detenidos en la Operación Poniente.

Doce horas de declaraciones

Tras una jornada maratoniana de declaraciones en los juzgados, que comenzaron a las 10.00 horas y, con un breve intervalo para comer, continuaron hasta las 22.00 horas, para mañana sólo queda por declarar uno de los 20 detenidos en la Operación Poniente, el empresario vinculado a la trama madrileña José Antonio Galán.

Por otra parte, ha quedado en libertad Yolanda Galán, hija del empresario madrileño Juan Antonio Galán, tras hacer efectivo el ingreso de 50.000 euros de la fianza que la jueza le impuso.

En la operación desarrollada el pasado martes fueron detenidas 20 personas y registrados sus domicilios, así como las sedes de doce sociedades y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur).

A los detenidos se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, según informó la Fiscalía Anticorrupción.