El Pleno del Congreso de los Diputados de 6 de abril de 1995 aprobó el documento denominado "Pacto de Toledo" que había obtenido el asentimiento de la Comisión de Presupuestos el 30 de marzo anterior. se refería el Pacto a los análisis de los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y a las principales reformas que deberían acometerse.
Con la llegada de la crisis se produjo un descenso de las aportaciones y un incremento de los gastos del Sistema, lo que puso en peligro su estabilidad.
En el periodo de crisis económica, numerosas empresas apostaron por la jubilación anticipada como forma de reestructurar sus entramados productivos.
Se produjeron numerosos despidos, hubo un envejecimiento progresivo de la población, paro estructural agrario , alto grado de fraude en las cotizaciones, todo lo cual incidió negativamente sobre el sistema de pensiones.
El Pacto de Toledo describe los factores que pueden afectar al sistema de pensiones y hace una serie de recomendaciones a tener en cuenta: Separación y clasificación de las fuentes de financiación, constitución de reservas, mejoras de las bases, financiación de los regímenes especiales, mejora de los mecanismos de recaudación, simplificación e integración de regímenes especiales, integración de la gestión, evolución de las cotizaciones, equidad y contributividad del sistema, edad de jubilación, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, reforzamiento del principio de solidaridad, mejora de la gestión, sistema complementario, análisis y seguimiento de la evolución del sistema.
El paquete de medidas presentadas tenía como objetivo reducir la presión a la que estaba sometido el presupuesto de la seguridad Social. Debía realizarse una separación entre las diferentes fuentes de financiación de las prestaciones, dejando las llamadas prestaciones no contributivas y universales (sanidad, servicios sociales, etc.) a cargo de la imposición general, y las pensiones contributivas a cargo del sistema de cotizaciones sociales. Las pensiones contributivas deben cobrase en función de lo cotizado.
Para solucionar las fluctuaciones de las contribuciones, se creó un fondo de reserva durante periodos de bonanza destinado a eliminar la necesidad de aumentar las contribuciones para mantener las prestaciones en tiempos de crisis.
Mejorar los medios de recaudación, luchar contra el fraude y contra la economía sumergida se contempla también en el Pacto de Toledo como estrategia para aumentar la eficacia del sistema, así como mejoras de gestión y fiscalización de las pensiones, especialmente en las bajas por enfermedad y seguro de desempleo.
La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, se viene reuniendo para abordar la revalorización de las pensiones, un asunto muy espinoso tras las multitudinarias concentraciones protagonizadas por los jubilados para exigir que sus pensiones se incrementen en la misma proporción que la inflación, y no el insignificante 0`25 que se ha aplicado en los dos últimos años.
Ante las dimensiones que están alcanzando estas manifestaciones, el Gobierno trata de hacer frente a las reivindicaciones consignando en los PGE algunas mejoras para las pensiones más bajas, que no conforman a la mayoría de los pensionistas y por ello van a a seguir movilizándose.
La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo no parece encontrar la solución idónea que permita aplicar las mejoras que se consideran necesarias, convirtiéndose las reuniones en un diálogo de sordos que, después de casi un año de debates no aseguran como garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en su revalorización anual.
