El último intento de manipulación, hasta este momento, se ha producido, de manera muy reciente, en el ámbito de la justicia, concretamente en lo que atañe al mantenimiento o no de la Prisión Permanente Revisable. Algunos han intentado hacernos creer que, por encima de cualquier otra consideración, se encuentra el derecho de los condenados a prisión a ser reinsertados en la sociedad, y que, por otra parte, aumentar el tiempo de estancia en presidio, de algunos de ellos, no va a solucionar, a posteriori, ningún problema. Pero la sociedad, aun admitiendo ese postulado, puede que no esté del todo de acuerdo con él, especialmente con esa magnanimidad que viene ofreciendo el Estado, de manera indiscriminada, a todo tipo de delincuentes. Porque la gente llega a entender que ciertos individuos, que hayan cometido determinados tipos de delitos, sean susceptibles de recibir ayudas que les ayuden a rehabilitarse, pero entiende menos, que otros tipos de delincuentes, como asesinos sanguinarios, narcotraficantes, terroristas o depravados violadores de niños, anden por ahí sueltos antes de tiempo, porque eso llega a producirles miedo y desamparo.

Estudiosos del tema afirman que existen determinados individuos que nunca van a poder ser recuperables para la sociedad, y que, por tanto, su puesta en libertad conlleva determinados riesgos. Por otra parte, ese mantra, que circula ahora por ahí, de que "el fin de la cárcel es el de rehabilitar a los delincuentes" no deja de ser, cuanto menos, un tema digno de ser debatido. Baste leer el estudio del Doctor en Derecho y profesor de la UDIMA, Daniel Fernández Bermejo, titulado "El fin de la reinserción ¿un derecho o una orientación política?" donde, en su página 388(415), dice: "El Tribunal Constitucional se ha posicionado uniforme en cuanto a negar que la resocialización sea el fin primordial de las penas privativas de libertad, ni que supongan ser un derecho fundamental; si bien, el Tribunal Supremo, en distintas manifestaciones se haya pronunciado en una línea contraria a la del T.C.".

Tampoco hay que olvidarse que la Constitución en su artículo 117.1, dice que "La justicia emana del pueblo" y así debería ser entendido por todos, y no solo por unos pocos. Claro que ese poder del pueblo es delegado a los diputados, cuyos partidos los colocan estratégicamente en el Congreso para defender los intereses de los ciudadanos, aunque sus actuaciones no siempre coincidan con lo que esperaban quienes los han votado. De manera que no estaría de más que, para determinados casos, como el de la Prisión Permanente Revisable, el Gobierno hiciera consultas para ver que piensa la gente a ese respecto y, en función de los resultados, obrar en consecuencia, porque se trata de un tema transversal y no exclusivamente de uno u otro partido. Prescindir del politiqueo, en este caso, es algo que no solo nadie debería poner en cuestión, sino que debería ser una muestra ineludible de aseo político.

Y es que, si en una sociedad no sirve de nada que un ciudadano lleve recogidas más de tres millones de firmas solicitando que continúe en vigor la citada ley de la Prisión Permanente Revisable, y que, aun no conociéndose la decisión del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad o no de dicha ley, se siga adelante para derogarla, esa sociedad tiene un problema, porque deja traslucir que de lo que se trata es de llevar la contraria al adversario político y no de otra cosa.

Hay quienes dicen que lo de recoger firmas o hacer manifestaciones no conduce a nada, pero ahí están las manifestaciones de los jubilados, que han conseguido que todos los partidos estén moviendo el culo en el Congreso, tratando de ofrecer propuestas, más o menos interesantes, y para todos los gustos.

También los partidarios del inmovilismo han echado por tierra la manifa del pasado día 8, en la que las mujeres, incluidas conocidas militantes políticas, dijeron lo que tenían que decir, saltándose a la torera sus propias organizaciones, ya que eran sus propios partidos los primeros en no cumplir con la paridad en la designación de cargos. Esa manifa también sirvió para dejar en evidencia a los sindicatos quienes, conocedores de la situación de las mujeres, no solo han permanecido callados, sino que tampoco han querido saber nada de la paridad: ahí tienen a CCOO, UGT o USO que jamás han tenido una secretaria general en sus respectivas organizaciones. Y tantas otras cosas deben salir a la luz, como la de que determinados partidos que presumen de modernos y democráticos como ERC y lo que antes fuera CiU (me he negado a aprender los distintos nombres en los que ha ido mutando ese partido) son los que menos mujeres tienen en sus cúpulas (18% y 23% respectivamente)

Y es que, una vez más, ha vuelto a demostrarse que el que no llora no mama. De manera que no queda otra que organizarse, sacarle los colores a quien lo merezca, y defender lo que cada uno entienda que son sus derechos, incluida la Prisión Permanente Revisable, porque, de no hacerlo así, los partidos proseguirán en su afán de ejercer la manipulación, haciendo comulgar con ruedas de molino.