Aunque nuestro país está pasando por una situación muy complicada, como consecuencia de la debilidad política de quien ocupa las responsabilidades de gobierno, y que como consecuencia incapacita la formación de mayorías parlamentarias, lo que, a su vez, entorpecen la actividad legislativa con la normalidad que sería necesaria en tiempos difíciles como es, o ha sido, el intento de secesión de Cataluña. Como contraste de la actual situación, hay que reconocer que uno de los mayores aciertos de la sociedad española en aquellos momentos, y que algunos desgraciadamente han descalificado, fue la construcción democrática con la aprobación, por la inmensa mayoría del pueblo español, de nuestra Constitución.
Uno de los mayores aciertos del texto constitucional español, radica en la nueva concepción del Estado, que se aproxima mucho a una fórmula federal, mediante la sutileza semántica de la distinción entre los términos "nación" y "nacionalidades, articulando el estado español en una zona intermedia entre el modelo de Estado Regional italiano y el Estado Federal alemán. El propósito expreso del constituyente español de 1978 fue aquí, una vez más, conciliar tradición y modernización, tradición y vanguardismo, atribuyendo un papel diferente al Estado, con la trasformación de las regiones en Comunidades Autónomas.
Con esta situación España, emprendió una nueva perspectiva y un nuevo rumbo; se situó al nivel de los países de nuestro entorno más avanzados democráticamente, aunque necesitábamos recuperar el tiempo perdido en términos económicos, de igualdad y modernidad. No fue poco el avance en la superación de la dictadura, con el establecimiento de la democracia; la creación del nuevo Estado y el ingreso en la Unión Europea. Con estas credenciales los españoles teníamos las herramientas necesarias para soñar con un nuevo País que aspiraba a no volver a repetir la triste historia del pasado y sobre todo a construir un futuro esperanzador en paz y libertad.
Conscientes de la trascendencia y proyección política, hace treinta y cinco años, algunos castellanos y leoneses plenos de ilusión, convencimiento y determinación decidimos asumir la responsabilidad de ser ponentes y representar al Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, para la redacción y debate del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es preciso señalar que no hubo ni impremeditación ni ingeniosidades. Hay que recordar que el Estatuto de Autonomía fue el último en debatirse y ser aprobado, por lo que nos permitió mejorar su contenido respecto a los se habían debatido y aprobado con anterioridad y aun teniendo los socialistas mayoría absoluta, aunque sentido de Estado, llegamos a acuerdos con los representantes de las distintas fuerzas políticas, no sin tener que resolver importantes dificultades.
Por mencionar alguno de los problemas a los que tuvimos que hacer frente, en relación al diseño territorial, hubo que superar que Alianza Popular, el principal partido de la oposición y antecedente del actual Partido Popular, defendía cuatro proyectos territoriales: en Valladolid y Palencia Castilla sin León; en León sin Castilla; en Burgos se pretendía Cabeza de Castilla sin León y en Segovia sin Castilla ni León.
En el Partido Socialista hubo un gran debate, de tal manera que todos los responsables públicos: alcaldes, concejales, diputados y senadores, así como los dirigentes orgánicos, militantes y simpatizantes participamos en el estudio y aportación de ideas y sugerencias; pues teníamos el compromiso de trasformar una Región que durante la dictadura franquista había sido identificada con el centralismo. También el conjunto de la sociedad leonesa y castellana, a través de los Ayuntamientos democráticos se pronunciaron muy mayoritariamente a favor de construir, a partir de unos territorios históricos, una Comunidad autónoma en lo social, cultural, económico y lógicamente en lo político.
Por fin Castilla y León, por voluntad propia no estaba condicionada por intereses espurios de Estado. Nuestros argumentos se orientaban al futuro, pero también sabíamos que Castilla y León, surge del proceso de repoblación de la cuenca del Duero, y que se había producido un proceso de homogenización creciente de su estructura económica, social y de sus instituciones jurídicas y políticas. Nuestra voluntad tenía sentido, deseábamos que nuestro Estatuto, que fue consecuencia del nuevo Estado de Derecho en España, recogiera las aspiraciones de los ciudadanos para devolver al pueblo la gestión de los recursos naturales, gestionarlos y financiarlo. Realizar una planificación sanitaria y educativa, dotándonos de más capacidad en las Universidades, al servicio de la Comunidad y sus necesidades.
No hubiera sido posible poner en marcha con tanta eficacia y en tan, relativamente, poco tiempo nuestra Comunidad sin la generosidad, competencia y entusiasmo de las personas que me acompañaron en las distintas Consejerías y Delegaciones Territoriales. También quiero señalar con agradecimiento y afecto a los parlamentarios, procuradoras y procuradores, que con escasos medios pusieron mucha determinación en su misión como representantes de los ciudadanos y de los distintos territorios, en la creación y consolidación de una Comunidad muy compleja y en cierto modo desarticulado. Así mismo a los sindicatos de clase su esfuerzo en organizarse territorialmente, y a los empresarios erigiendo una organización regional. El papel de los medios de comunicación, aunque no muy entusiastas en los primeros tiempos, dada su vinculación local y provincial, también ideológica, a lo largo del proceso autonómico fueron encontrando su lugar.
