E l Tribunal Constitucional ha concluido que la investidura de Puigdemont puede llevarse a cabo, siempre que Puigdemont no sea investido. En tal caso, ¿por qué se le permitió presentarse y ganar democráticamente un cargo que no puede ejercer? Sin que nadie se lo pida, el máximo intérprete de la Constitución decreta que vote Llarena, al que concede por tanto un sufragio que equivale a millones de ciudadanos. Es notorio que a este juez del Supremo le disgusta el aspirante a la Generalitat, por lo que su candidatura queda estrictamente prohibida. En el caso de que, siempre con poderosos argumentos legales, el magistrado se vea obligado a imputar a las sucesivas propuestas del Parlament elegido a golpe de votos, puede acabar resultando que el único president posible es García Albiol. Siempre al margen de las engorrosas urnas.
Si Puigdemont es el mayor criminal de la historia de España, según pretende una Arrimadas cuyos votos por lo visto sí poseen validez, habría que aclarar por qué no se le detiene en Bélgica, territorio fundacional de una UE homogénea en la persecución de la delincuencia. De hecho, el último president de Cataluña puede presentarse a alcalde de Bruselas. Gracias al Constitucional, los jueces de instrucción decidirán a partir de ahora la limpieza de sangre de los candidatos ya votados, sin necesidad de finalizar la investigación y mucho menos de una sentencia. Cabe recordar que el mismo TC inició esta historia al cambiar un Estatut votado en referéndum, aprobado asimismo por los parlamentos catalán y español.
Puigdemont está tan votado como Rajoy, y también andan empatados en condenas penales. Con todo, del Tribunal Constitucional no sorprende el fallo sino la obsequiosidad, la convicción de que los magistrados elegidos por los partidos retorcerán cualquier precepto con tal de satisfacer al Gobierno de turno. Ni siquiera poseen el coraje para rechazar un recurso hipotético y preventivo. De hecho, se aferran para mantenerlo vivo al recurso de los independentistas, por lo menos sirven para algo.
