Acto primero: sale Torrent, el presidente del Parlament de Cataluña y anuncia que el martes 30 (mañana) será la sesión para la investidura del fugado Puigdemont; acto segundo: sale Saéz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, y dice que no habrá investidura; acto tercero: sale Rajoy y pide informe al Consejo de Estado; acto cuarto: el consejo de Estado dice que no, que es mejor esperar; acto quinto: salen Rajoy y la vicepresidenta, hacen caso omiso del consejo del Consejo y presentan recurso al Tribunal Constitucional para que se anule la sesión de investidura. Y acto sexto, el Constitucional exige la presencia física de Puigdemont para que se celebra el Pleno de investidura. Los magistrados del alto tribunal acuerdan por unanimidad que el expresident debe solicitar el permiso del juez Llarena para acudir al Parlament.

Realmente, el Gobierno suele acudir al TC con los pies muy sobre el suelo, y de ahí que casi siempre, por no decir siempre, le haya dado la razón en todo, y desde luego en cuanto ha sido recurrido respecto al maldito embrollo del separatismo catalán. No se recurrió en este caso contra la persona propuesta, el prófugo de Bruselas, sino contra al hecho que se pretende, su forma de llevarse a cabo.

Solo podría efectuarse la investidura con la presencia de Puigdemont y no cabe por tanto de acuerdo con la ley hacerlo de modo telemático o por delegación. Eso es lo que está muy claro, salvo para el tal Torrent, por lo que se ve. Por ello, Interior tiene tomados los pasos fronterizos, el ministro Zoido asegura que se mirarán hasta los maleteros de los coches y la policía hace guardia en el subsuelo del Parlament, para evitar posibles sorpresas rocambolescas. O sea que los caminos que le quedan al huido son limitados: si se ha dado paso a la investidura, burlar el cerco, presentarse y ser investido y después detenido, convertido en mártir de la causa secesionista, y sino seguir en Bruselas, renunciar a su quimera de gobernar la Generalitat desde allá, algo totalmente irrealizable, y que su partido nombre a una persona para el cargo, un segundón o segundona -Artadi- convertido en marioneta a sus ordenes.

No más opciones se contemplan, porque ahora el Parlament ya no será capaz de desobedecer al Constitucional como hizo antes, dada la situación, con el 155 vigente. No, y entonces al tal Torrent solo le quedaría nombrar otro candidato a la investidura, con un plazo de dos meses por delante, tras el cual habría que convocar nuevas elecciones. No parece probable que así ocurra, por lo que la opción de un candidato distinto, no procesado por la justicia por los delitos referidos al intento secesionista, es la que cobra más enteros. A no ser que se produzca algún golpe de efecto de Puigdemont.

En cualquier caso, y lo que ocurra se va a saber muy pronto, la impresión de la ciudadanía, una vez más, es que el Gobierno ha vuelto a hacer mal las cosas, al menos en cuanto a la pobre imagen dada se refiere. De las decisiones tomadas se informó a Sánchez, el del PSOE, pero ni siquiera se consultó nada con Cs pese a ser el partido de Rivera el más votado en Cataluña. Incoherencia y miedo.