Los agricultores y ganaderos de Castilla y León están llamados a las urnas el próximo 11 de febrero. En juego está definir la representatividad de cada una de las organizaciones agrarias, cuestión transcendente porque en base al resultado de los comicios se constituirán los foros de representación intersectorial. No es esta consulta electoral como las primeras en el campo, cuando lo que estaba en juego era el reparto de un mapa sindical sin definir y hasta intereses de liderazgo particular, pero tiene su importancia porque las organizaciones tienen por delante el horizonte del 2020, cuando la UE cambiará la filosofía de la PAC, lo que implicará recortes, y para frenar esa tendencia se necesitarán organizaciones fuertes y consolidadas que defiendan los intereses del sector primario.

Lo primero que choca de la cita electoral es que ha cambiado la mecánica del proceso. Los agricultores y ganaderos no elegirán a los vocales de las cámaras agrarias, como ha ocurrido en otras ocasiones, votarán a las propias organizaciones, que en base al resultado que obtengan designarán a sus representantes en los distintos foros. El reparto de las vocalías que correspondan a cada organización se llevará a cabo mediante la aplicación de la regla de proporcionalidad que se utiliza en el régimen electoral general, la Ley D´Hont.

Las personas que ocupen las vocalías en función de los resultados electorales no tendrán un mandato directo de los votantes, sino de las organizaciones profesionales a quienes los electores han apoyado, "las cuales han de procurar que en la relación de personas exista un equilibrio entre hombres y mujeres", según establece la normativa. La democracia delegada se impone en beneficio de los sindicatos que serán los dueños de los escaños.

Las personas físicas y jurídicas con derecho a voto pueden participar en la consulta de dos maneras diferentes. Pueden ejercer su derecho al sufragio acudiendo a la mesa que les corresponda -habrá 95 en toda la provincia- el día 11 de febrero con la correspondiente documentación. Y de forma anticipada, personándose en el Servicio Territorial de Agricultura entre el 22 de enero y el 5 de febrero, siguiendo las indicaciones marcadas por la comisión provincial constituida al efecto.

Vuelve a ser descorazonador el análisis del censo, con caídas permanentes e imparables del número de personas que pueden votar. En 2012 tenían derecho a voto en Zamora 5.520 agricultores y ganaderos, y en esta ocasión no podrán votar más de 4.784, la pérdida es terrible, cerca de un 15%, por encima incluso del porcentaje que define a la sangría poblacional.

En Zamora concurren a los comicios tres organizaciones profesionales -las mismas que en las últimas elecciones de 2012- con la intención de incrementar su representación. La Alianza UPA-COAG obtuvo el 65% de los votos y 17 representantes en la Cámara Agraria Provincial, ASAJA fue el segundo sindicato más apoyado con el 27% de los sufragios y 7 vocales, y en tercer lugar la UCCL, con el 5% de los votos y un vocal. Los comicios del 11 de febrero redefinirán el actual reparto de poder.

Los sindicatos van a aprovechar la campaña electoral para explicar sus planteamientos y sus estrategias ante lo que ya se ha anunciado, un cambio en la Política Agraria Común (PAC), un modificación que significará menos fondos para el sector, disminución obligada por la salida de Reino Unido de la UE y por la intención de la Comisión Europea de adelgazar el porcentaje de fondos destinados al campo en la UE, casi un 40% de los presupuestos comunitarios en la actualidad si se incluyen las partidas destinadas a desarrollo rural. No favorece a España la política de renacionalización ya anunciada y que, si se aplica en los términos planteados, puede ser muy perjudicial para el campo español. Casi la mitad de la renta agraria de Zamora depende de las ayudas comunitarias, de ahí la importancia de que se mantenga la actual estructura que se sostiene con fondos procedentes de Bruselas.

Pero las organizaciones profesionales no solo pueden mirar a Europa y a la PAC, tienen muchas tareas pendientes en el ámbito doméstico. Se ha avanzado mucho en los últimos años en el reconocimiento social de la figura de agricultor y ganadero, pero todavía queda camino por recorrer. No se ha borrado del todo la imagen del profesional del campo como trabajador pedigüeño, que vive de las subvenciones; tampoco se ha conseguido que la sociedad entienda claramente que las ayudas al sector son, en la mayoría de los casos, pagos compensatorios por la pérdida de renta y para que los alimentos transformados lleguen a los comercios a precios asequibles a los consumidores, quienes realmente se benefician de las subvenciones.

El campo tiene que conseguir que se reconozca su labor: producir alimentos sanos sin poner en riesgo el medio ambiente, lograr una renta digna que asegure su supervivencia -resulta inadmisible y sonrojante la diferencia entre precios en origen y en el mercado- , asegurar el relevo generacional y, sobre todo en el caso de Zamora, luchar para frenar en lo posible la despoblación que se está produciendo en la provincia, que amenaza con evaporar en pocos años el futuro de un territorio con mucho pasado.

Las elecciones del próximo 11 de febrero son muy importantes porque está en juego definir la representatividad del sector en todos los foros sectoriales, pero también en aquellos que van a definir los programas de desarrollo en el ámbito rural o buscar fórmulas para fijar población en los pueblos. Agricultores y ganaderos deben comprometerse con su futuro y luchar por su profesión (la más digna del mundo, según ya enunciara Cicerón), pero también por el ámbito rural y la provincia, que necesita más apoyo que nunca.