Al margen de lo decidido por el Tribunal Supremo respecto a mantener en prisión provisional a Junqueras, imputado y encarcelado por gravísimos delitos, y ahora de nuevo parlamentario por Cataluña debido a unas elecciones precipitadas y fallidas y a unas leyes acomodaticias que permiten presentar candidatos acusados y encarcelados, al margen de todo ello, tiene razón el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, cuando ha declarado que tanto Junqueras como el huido Puigdemont tienen que dimitir porque son políticos presos o huidos que no debieran poder ocupar cargos públicos.

Así es, y eso es lo que piensa la mayoría de los españoles, según un sondeo de hace bien pocas fechas. Fuera de la política estos golpistas que se valen de la democracia y de las instituciones para conspirar sus locos afanes independentistas. Es una vergüenza que uno de ellos, el que está entre rejas o el prófugo de Bruselas pueda ser presidente de la Generalitat. Y es una vergüenza, igualmente, que puedan ocupar un escaño en el Parlament. Habría que echarlos de la política. Desde luego, lo que ha pasado y sigue pasando en Cataluña resulta inconcebible en cualquier país de Europa, incluso en los menos desarrollados. Pero aquí se ha tenido la mala suerte de contar con un Gobierno presidido por Rajoy, pues seguramente si los hechos de hubiesen producido en los mandatos de González o de Aznar, la historia discurriría por cauces diferentes. Pero ya saben ellos con quienes pueden jugar sus bazas.

Es un Gobierno y un PP no solo débil, sino a la deriva, y lo que es peor, sin alternativa alguna válida, ni siquiera C's en los actuales momentos si las circunstancias forzasen a la convocatoria de nuevas elecciones generales. Claro que después del fracaso de los comicios catalanes es comprensible que Rajoy no quiera ni oír hablar del asunto y siga encastillado en su objetivo de perpetuarse. El caso es que ni siquiera ellos parecen entenderse. Ahora, Hernando acaba de conectar con la sociedad al decir que los cabecillas de la insurrección catalana tendrían que estar fuera de la política, pero es que antes el ministro Zoido había declarado que el Gobierno veía con buenos ojos que Puigdemont y Junqueras presentasen sus candidaturas, y otras fuentes gubernamentales no se privan de señalar sus preferencias porque sea el de Ezquerra y no el fugado de Bélgica quien presida el nuevo Govern separatista.

Realmente, solo queda confiar en el poder persuasivo de la aplicación del articulo 155 de la Constitución cuyos efectos ya han podido sufrir en sus carnes los secesionistas. Un nuevo desafío, que se llevará a cabo seguramente pero de otra manera y con otras formas, sin dar la cara, con alevosía, tendrá siempre enfrente la ley, que hay que pensar que incluso Rajoy haría descargar ahora con mayor rigor. Todo lo cual como que podría evitarse de una manera no sencilla pero democrática: ilegalizando a unos partidos nacionalistas, que tienen entre sus fines, de una manera más o menos descarada, la ruptura de la unidad del Estado y la independencia. Leyes similares rigen en varios puntos de Europa, algunos muy cercanos, como Francia, pero aquí ya se sabe que somos más papistas que el Papa y así nos va.