Cuando se tratan de explicar las causas que relegan a la provincia de Zamora a las tasas más bajas de actividad y desarrollo, a menudo se establece conexión directa entre las razones demográficas y un estereotipo alimentado durante décadas. Se alude, insistentemente, a ese en teoría secular victimismo y el carácter ferozmente individualista de los zamoranos. Como todos los tópicos, algo habrá verdad en ello, pero también el estereotipo puede convertirse en una excusa. Una sombra barata para cobijar definiciones repetidas acusando a los genes herederos del minifundio y la cultura de subsistencia, a las envidias de pueblo, como causa determinante de nuestros males. De ahí a la apatía y el inmovilismo que impide avanzar a cualquier sociedad, son pocos los pasos que hay que dar. Esos males de Zamora son comunes a muchas otras provincias de parecidas características.
Y sí, es cierto, es obvia una falta de dinamismo que nos condena y que esconde sus raíces en la escasa formación de generaciones precedentes, la emigración de los mejores preparados y un aislamiento del exterior debido a la situación geográfica. Pero no hay excusa. Ese aislamiento se ha roto mediante infraestructuras de comunicación. Y la era global, que se extiende por encima de cualquier medida proteccionista, puede convertirse en el mecanismo capaz de hacer saltar los resortes de una sociedad que ya no se puede permitir resignarse si quiere sobrevivir a medio y largo plazo.
No existe una solución única ni sencilla, aunque sí pistas que indican la necesidad de acometer cambios urgentes. Esta misma semana Cáritas daba a conocer su último informe. Si se le pretende ver el lado positivo a que más de 13.000 zamoranos de una provincia, que a duras penas acaba este año con 177.400 habitantes, dependan de la ayuda de una ONG, podemos decir que la cifra de usuarios se mantiene. A cambio, las necesidades del colectivo crecen. Lo que quiere decir que la brecha social aumenta: los pobres son más pobres. Otro gran colectivo de clase media se conforma con quedarse como está, mientras asume como ley de vida que el futuro de sus hijos será emigrar y volver a verse por Semana Santa y el verano. Tristes mimbres para construir ese futuro al que todos tenemos derecho.
Cáritas, precisamente, ha sido la que más ha incidido en señalar alguna de las cosas que deberían corregirse: habla de una precariedad creciente y aboga por la creación de políticas de empleo "realistas y de calidad" y predica con el ejemplo de las iniciativas puestas en marcha que han dado empleo a 140 personas.
Los programas de ayuda al empleo de distintas instituciones deberían revisar sus baremos, es decir, su utilidad social. Puede que ofrecer formación a desempleados en talleres de albañilería cuando la capacidad de contratación del sector de la construcción atraviesa su peor momento histórico sea una salida a corto plazo y con el subsidio que conlleva como único aliciente para los parados que acceden. Tal vez apostar por otro tipo de formación, implicando a empresas particulares, analizando las necesidades de la nueva sociedad que tiene mucho que ver con la rama sociosanitaria o el ocio y el turismo, pueda aportar lo suficiente como para revisar las políticas de empleo y, de paso, en colaboración con el sector privado, revisar la propia estructura del mercado de trabajo en Zamora.
Así parece ratificarlo el último informe sobre la actividad empresarial rubricado por el grupo Unicaja al que pertenece España-Duero. Las empresas más rentables de la provincia, aquellas que han crecido de forma continuada durante los últimos cuatro años, los más duros de la crisis, se encuentran entre las que más empleo generan de la región. Bien es verdad que es un grupo reducido y que Zamora ocupa un discreto quinto puesto en lo que a actividad empresarial se refiere en comparación con otras provincias de Castilla y León, pero no puede negarse que en Zamora existe la figura del emprendedor y que, hasta en las peores circunstancias, hay personas que arriesgan su patrimonio para poner en marcha un negocio. La mayoría de ellos, ciertamente, de dimensiones mínimas. ¿Es posible encontrar la conexión entre lo público y lo privado para ayudarles a crecer creando las condiciones necesarias y favorables que solo puede hacerse desde el plano institucional?
Ese diálogo entre dos actores fundamentales de la actividad económica resulta imprescindible y hay situaciones que no pueden permitirse en provincias que arrastran problemas estructurales como Zamora. Hay que insistir, de nuevo, y así lo proclamaban estos días también desde las organizaciones de autónomos, en que la administración necesita sacudirse las telarañas en las que quedan atrapados proyectos, ilusiones, inversión y empleo. La agilidad en todo tipo de trámites, la bonificación fiscal en la medida que lo permita la ley, debe primar para romper con el victimismo.
Y los empresarios deben estar atentos a viveros de emprendedores y de empleados altamente cualificados. La conexión entre Universidad, en la que el campus Viriato sigue dando grandes ejemplos, y la empresa, debe ser otro pilar en la que asentar futuras políticas de empleo que, a mayores, impidan la fuga de cerebros formados aquí.
La conjugación institucional y privada se conforma también como única salida a la gran infraestructura pendiente en Zamora y que puede determinar, como ninguna otra, el destino último de la provincia: el acceso a Internet de banda ancha. La semana pasada el Ayuntamiento de Fermoselle anunciaba un acuerdo con una de las operadoras internacionales para el establecimiento en la villa de un sistema de fibra óptica (FTTH en sus siglas en inglés) para permitir el acceso a banda ancha en lugares donde no llega el ADSL. El sistema se ha ido expandiendo en varios países y hasta ha sido usado por la administración de Estados Unidos con el anterior presidente, Barack Obama, como método de acceso a las autopistas de la información para los hogares con menos recursos. Tal vez no sea la panacea, pero al menos es un paso adelante.
Un avance que va en la línea marcada por la propia Unión Europea. A principios de este mes de diciembre, el Comité de las Regiones publicó su proyecto de dictamen sobre la acción Smart Village. Reconocía el comité que la situación de las zonas rurales exigía un tratamiento diferenciando, apelando a políticas de largo plazo contra el despoblamiento y prestando especial atención a las zonas periféricas de la Unión. El documento hace hincapié en la necesidad de garantizar las redes de banda ancha en todo el territorio de la Unión, no solo en las ciudades. Y propone considerar oficialmente a Internet como algo que ya es de hecho: un servicio de interés público.
Para la UE, los conceptos de "ciudad inteligente" y "pueblo o zona rural inteligente" son complementarios entre sí, "de forma que ambos apoyen y refuercen su éxito mutuamente. En términos de estrategia, un área no termina en sus fronteras administrativas, sino que interactúa con las entidades vecinas, rurales o urbanas, y planifica su desarrollo en armonía con su entorno. Se debe reflexionar acerca del establecimiento de interrelaciones positivas entre poblaciones rurales y urbanas y no solo hacer que las zonas rurales sean proveedoras de servicios para las zonas urbanas". Así resume el apartado 27 del informe la necesaria interrelación en este nuevo mundo sin fronteras, que pide también a las administraciones regionales y locales a una profunda reflexión sobre las necesidades y reconoce la necesidad de que, desde la UE, exista ayuda a la financiación para abordar los nuevos retos que se avecinan. Puede que otro tren de oportunidades esté a punto de pasar. Una vez más, de la capacidad de realizar el esfuerzo conjunto y de manera coordinada, dependerá emprender el viaje para bajarse en la estación correcta: el progreso.
