El balance anual de Zamora resulta doloroso, una vez más. Lo es comprobar como las asignaturas pendientes siguen sin permitir que la provincia escape de una espiral maldita sobre su situación económica y social. Los que sí escapan son los zamoranos. Y lo hacen a un ritmo cada vez mayor, a juzgar por las cifras oficiales que contabilizan 1.500 habitantes menos en el padrón de los seis primeros meses de 2017. La previsión es que el año nuevo comience con una población oficial de menos de 176.000 habitantes. Eso significa que en solo tres años 10.000 personas han abandonado la provincia. Cierto es que incide en ello el alto índice de mortalidad, consecuencia del envejecimiento de la población, cuya esperanza de vida alcanza ya los 83 años. Pero otro gran porcentaje se corresponde con todos los zamoranos que, en un goteo que parece irrefrenable, se ven obligados a marchar hacia otros destinos donde la inversión y el empleo no se ven como metas imposibles de alcanzar.

Resulta lamentable encontrarse de bruces con el mismo muro año tras año: empresarios descontentos por una burocratización que puede ser exasperante en casos como el Ayuntamiento de Zamora capital, un mal endémico inaceptable que debe corregirse con urgencia; una patronal descontenta con lo que entienden como falta de voluntad política en instituciones incluso con distinto signo, porque creen que sus reivindicaciones caen en saco roto. El camino abierto por colectivos como Zamora 10 debe aún sumar esfuerzos para ampliar la representación de la sociedad civil y avanzar en el entendimiento con todas las administraciones, central, autonómica, provincial y locales, porque resulta fundamental para un objetivo de auténtica emergencia: el futuro de toda una provincia. Sin ese esfuerzo de entendimiento, de asunción de tareas conjuntas, los resultados serán mucho menores de lo que permitirían las múltiples potencialidades que posee Zamora, pero que deben ser encauzadas y completadas. Resulta sintomático de este clima negativo, aunque sea una anécdota, que vayan perdiéndose iniciativas alentadoras como la reunión anual de jóvenes emprendedores que apostaron por su tierra en los últimos tres años. Algunos ya forman parte de ese conjunto cada vez más numeroso que es la Zamora de la diáspora.

Otros permanecen a cambio de afrontar muchas dificultades. Los trabajadores reclaman contra una precariedad que afecta a una gran parte de los que sí cuentan con un empleo, pero cuyas remuneraciones no le permiten afrontar el coste de la vida. Un tercio de ellos percibe el salario mínimo interprofesional, es decir apenas 700 euros mensuales. Por cada dos trabajadores hay un zamorano pensionista, cuya prestación también supera por poco los 700 euros mensuales. La precariedad se ha convertido en una triste marca en el empleo de Zamora. Candidatos a las ayudas sociales o de organizaciones como Cáritas. Los que acuden a las instalaciones de esta ONG ya no son inmigrantes, los extranjeros residentes son cada vez menos, sino familias zamoranas que, incluso disponiendo de ese puesto de trabajo no pueden pagar la luz o disponer de calefacción durante el invierno.

Los datos del paro hablan, en términos estadísticos de un "mejor comportamiento" del mercado de trabajo. En el mes de noviembre, cuando suele repuntar el desempleo tras la campaña de verano, el paro subió, pero a un ritmo menor que en los cuatro últimos años. Ahondando en esas cifras lo que se descubre es que son menos los trabajadores apuntados en las listas del desempleo. Pero menos desempleo también significa, en esta ocasión, más zamoranos que optan por otras provincias.

La tasa de natalidad es la más baja de toda España, los pueblos se quedan vacíos, más incluso que lo que muestran los padrones oficiales. Un estudio que elabora la UNED indica que un 20% de la población rural se marcha a las ciudades durante el invierno. Buscan la seguridad de servicios básicos como la sanidad o el abastecimiento, puesto que una gran parte de la población, 39.000 habitantes de un centenar de pueblos, tienen serias dificultades para poder acceder a bienes básicos de consumo, consecuencia clara del éxodo empresarial y comercial. En medio de todos estos datos que no invitan, precisamente, al optimismo, es necesario reflexionar no sólo sobre un nuevo modelo social, económico y laboral, sino que obliga a ahondar sobre esa ordenación territorial que, como las demás cuestiones, continúa pendiente de aplicar, por la enorme dificultad de articular una geografía extensa y población desperdigada y porque, en realidad, todo el mundo es libre de elegir su residencia.

Un derecho, como lo es el que la Constitución garantiza en cuanto a igualdad de oportunidades, independientemente de donde haya nacido cada ciudadano o dónde viva. Eso significa tener derecho también a las mismas prestaciones, o sea, a una financiación equitativa y solidaria. Una cuestión que, en este mes de diciembre, ha hecho unir fuerzas a tres comunidades autónomas acuciadas por problemáticas parecidas: Castilla y León, Asturias y Galicia. Las tres, además, temerosas de lo que pueda ocurrir en el nuevo modelo de financiación en el que se trabaja, en vista de que los votos y los intereses partidistas siguen siendo la herramienta de presión más eficaz. Unos votos que representan apenas un puñado de sufragios por parte de Castilla y León frente a la capacidad de presión de los nacionalismos vasco y catalanes.

Este es el campo de juego en el que deberán desenvolverse los responsables de las instituciones y de la sociedad civil zamorana en 2018. Nada augura que vaya a ser un camino fácil, pero lo inaceptable es permanecer en un estado de aletargamiento del que nada puede esperarse. Al contrario, lo impensable es no aprovechar sinergias empresariales de sectores que aún tienen mucho qué decir como el agroalimentario, donde se avanza con la calidad por bandera en las denominaciones de origen de vinos, queso, y las mascas de ternera de Aliste o garbanzos de Fuentesaúco. Las infraestructuras, que ahora parecen facilitar la huida de los zamoranos, deben servir para atraer. Zamora capital puede ofrecer una calidad de vida con la que otras ciudades tienen difícil competir: la tranquilidad de ver crecer a sus hijos en un entorno seguro, tranquilo y sin contaminación, con el mejor nivel educativo según el informe PISA y con una sanidad y unos servicios sociales que, pese a recortes y dificultades, se mantienen entre los mejores valorados, está a solo una hora en tren de una gran ciudad colapsada como Madrid. ¿No es ese un mensaje a lanzar por todos los implicados en el futuro de la provincia?

Resultará imprescindible, más que nunca, avanzar en ese entendimiento entre todas las partes implicadas en un complicado proceso que es necesario encarar sin complejos ni reticencias. Zamora no dispone de tiempo que perder.