Un inmenso escándalo de corrupción socialista en Andalucía, el de los ERE, que hoy tiene anunciado el comienzo de la vista previa, pasa a convertirse en un nuevo macrojuicio, que se reanudará tras las fechas navideñas y que puede durar hasta la primavera. En el banquillo estarán dos ex presidentes de aquel Gobierno regional: Chaves y Griñán que también fueron ministros con González y Zapatero y para los que la Fiscalía pide 30 años de inhabilitación para el primero y 10 años de inhabilitación y 6 de cárcel para el segundo. Con ellos una veintena de acusados, la mayoría consejeros, altos cargos y dirigentes sindicalistas de una época que se extendió una década.

Eran los años de las burbujas, porque no era solo la inmobiliaria aunque de ella procediese luego la especial dureza de la crisis en España, sino también de la inmensa burbuja de la corrupción que protagonizaban mayormente, aunque nadie se viese libre, los dos partidos mayoritarios y que habían tenido y tenían a su cargo el disfrute del poder: PP y PSOE, ya fuese alternativamente en el Gobierno de la nación o en las comunidades autónomas que regían. La opacidad y la casi impunidad con la que se actuaba hizo florecer el estallido de los grandes escándalos. El caso de los ERE andaluces es una muestra más de que todo era posible en cuanto a los límites de la corrupción.

Porque los ERE, los expedientes de regulación de empleo que se vinieron llevado a cabo en Andalucía, ni se solicitaban siquiera, ni se hacía el paripé de un expediente y unas formalidades, ni se publicaba en el boletín oficial de la comunidad, ni nada, bastaba con la firma de un director general, y burlando la propia ley de control de los presupuestos gubernamentales con ello era suficiente para que saliesen millones de euros con destino a prejubilaciones, indemnizaciones y demás, algunas tan falsas que los beneficiados ni siquiera habían formado parte de la nómina de trabajadores.

Cuando al director general en cuestión, uno de los imputados para los que se pide mayor condena - si bien por entonces el consejero responsable del aérea era Griñán, más tarde presidente de la Junta - tuvo que declarar, confesó que aquellos millones salían de un fondo de reptiles utilizado para esos fines. El montante de dinero público defraudado asciende según la Fiscalía a 855 millones. Hasta que la juez Mercedes Alaya, en enero de 2011, abrió diligencias por este asunto, que se presentaba muy oscuro, y que ha desembocado en este primer juicio, al que seguirán otras pues la causa ha sido dividida dada su complejidad, dado que se trataba de un entramado de altos cargos, dirigentes sindicales y empresarios acusados todos ellos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

El motivo fue el beneficio económico, principalmente. Pero por encima o por debajo había otras motivaciones, de índole política como el evitar conflictos laborales en una comunidad marcada por el paro, la desigualdad y la pobreza, y la consecución de una tupida red clientelar que asegurase con sus votos el mantenimiento del Gobierno del PSOE, como así sigue ocurriendo desde siempre.