Al menos a nueve millones y medio de españoles, los pensionistas, les preocupa mucho más lo que va a pasar con sus percepciones futuras que cuanto ocurre en Cataluña, aunque una cosa sea por entero compatible con la otra.Y es que, como estaba calculado, con el final de año la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva del que se ha tirado en estos últimos años, en los duros tiempos de la crisis, se ha agotado. En realidad, se había acabado ya en junio, con la paga extra del verano y el mes correspondiente lo que obligó al Gobierno a sacar dinero, como préstamo propio, de los presupuestos del Estado. Aun quedaba algo pero la doble paga de este mes de diciembre, 17.000 millones en total, ha dejado ya vacía por completo la hucha.

Que nadie se alarme, porque por supuesto, esto no significa ni mucho menos que no haya para pagar los pensiones, porque recursos hay y si no les hay tendrá que haberlos, aunque lo que sí obliga es a que se tomen, por parte de todos los partidos presentes en el Congreso, las medidas ya indispensables para garantizar el sistema, ahora asegurado pero que exige pensar en un futuro más bien cercano. Hay y se manejan por parte del Gobierno, de los economistas, y de los expertos, diversas opciones, con validez bien demostrada en algunos países europeos, y en ello se está. Lo que hay que exigir es que a la hora de tomar determinaciones se lleven a cabo pensando no en los intereses políticos sino en la situación de esas más de nueve millones de personas, lo que al fin y cabo redundará en la situación española de inmediato, tanto en aspectos económicos como sociales.

Conviene no perder de vista, sin embargo, que la mayoría de esas posibilidades que se estudian para su aplicación, se basan en un mismo mecanismo: la subida de impuestos. Que no sería solo de impuestos sino de las cotizaciones tanto de los trabajadores como de las empresas. Es el método simple y fácil al que suelen recurrir los gobernantes cuando los asuntos vienen mal dados, justo lo que hizo Rajoy en cuanto llegó a Moncloa. Ya se comenta que los impuestos podrían subir del 21 por ciento actual al 24 por ciento, a la cabeza de Europa. Se habría conseguido dinero, sí, junto al aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social para las pensiones, pero a qué precio. Ello no beneficiaría al consumo, y perjudicaría por vía doble a las empresas, aunque las percepciones quedasen garantizadas. Hay otra solución: la creación, como en la vecina Francia, de un fuerte impuesto especial, una contribución social generalizada, destinada a este fin: a mantener las pensiones.

Puede valer, pero quizá lo más interesante, lo que mejores resultados pueda ofrecer, y lo que defienden muchos economistas, pasa precisamente por lo contrario: bajar las cotizaciones y subir los impuestos indirectos, pero solo esos, una fórmula eficaz en muchos países. Beneficiaría a trabajadores y empresas, incrementaría el empleo, la productividad, el PIB y la exportación y la importación. La vida volvería a subir, está claro, pero puede ser el menor de los males.