Decía Montesquieu que "una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad". Cuando una persona que ostenta un cargo de responsabilidad política con poder sobre los ciudadanos de Benavente comete una injusticia sobre uno o varios ciudadanos, pone en riesgo no sólo los valores democráticos que deben regir toda sociedad, también el respeto hacia los responsables públicos. Y es que "cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto". Y una sociedad sin respeto es una sociedad sin normas ni valores, empobrecida por la injusticia y en la mayor de las decadencias posibles.
Nuestro marco de convivencia establece que faltar al "jefe" supone la pérdida inmediata del puesto de trabajo, como también las faltas de respecto a los compañeros. A estos efectos se considerarán incumplimientos contractuales las ofensas verbales al "jefe". Pero, ¿qué ocurre cuando es el "jefe" el que falta al trabajador? Es más, ¿qué puede hacer un trabajador, o como en el caso de Benavente, un grupo de trabajadores, si es tú "jefe" quien te amenaza y utiliza un lenguaje ofensivo? ¿Y si tu "jefe" es además el alcalde del pueblo? ¿Y si además es un importante miembro del Partido Socialista Obrero y Español? ¿Qué puede hacer un ciudadano ante esta situación?
Estas y otras cuestiones son las que muchas personas se plantean en estos momentos en Benavente. Hace unos días conocíamos la grabación de la conversación mantenida entre un empleado público y el alcalde de Benavente, su "jefe". En dicho audio el señor Luciano Huerga utilizaba un lenguaje ofensivo más propio de un tunante que del alcalde de la segunda ciudad más importante de la provincia de Zamora.
El alcalde de Benavente utilizaba en todo momento un lenguaje plagado de tacos, sin dejar de lanzar improperios, con una total y absoluta falta de respeto. Cuando uno escucha al alcalde hablar de "mandarlos a la puta calle" o de "ese capricho no me lo quito", en relación a despedir a los trabajadores en el momento en que se atrevan a reclamar el cumplimiento de su jornada de trabajo, uno se da cuenta de la verdadera cara que ocultaba el regidor benaventano.
Durante más de dos años, la actitud déspota y autoritaria del alcalde de Benavente, más propia de un cacique que de un joven demócrata, ha funcionado para "mantener a raya" a cualquiera que osaba denunciar las situaciones de abuso cometidas desde el consistorio; incluso, de un tiempo a esta parte, intentando acallar a los medios de comunicación. Un alcalde bisoño de izquierdas, que lleva en las siglas de su partido la palabra Obrero, pero sólo de adorno. Con el contubernio político de sus socios de Izquierda Unida, Luciano Huerga, ha impuesto el despotismo y la tiranía en Benavente. Y lo que ocurre con los abusos es que son como viejos caducos: llega un momento que dejan de infundir respeto. Y, más pronto que tarde, hemos llegado a un punto en que muchos benaventanos, trabajadores o no del ayuntamiento, ya no se callan. Han tomado la iniciativa para denunciar lo que ocurre. Han utilizado, bien o mal, sus limitados recursos para defenderse del opresor.
No nos engañemos, la difusión de un audio grabando como única defensa posible para demostrar como tu "jefe" abusa de su posición para desquitarse o escarmentar a los ciudadanos de a pie, no es difundir conversaciones del ámbito privado. Un alcalde reunido en su despacho del Ayuntamiento, en jornada laboral y tratando asuntos municipales no está actuando como un ciudadano privado sino como un sujeto de derecho público. Cuando de lo que se habla es de cuestiones que afectan a la gestión de un municipio no se puede entender que se trata de un tema privado. No señores, este no es un asunto privado o secreto, es un asunto de carácter público, que afecta a un cargo público y a la gestión de lo público.
Los representantes públicos tenemos la obligación de defender a los ciudadanos de aquellas personas que vulneran los principios democráticos de convivencia. No desviemos la atención del problema. Regularizar la situación laboral de los bomberos es un imperativo legal, por ello iniciamos ya ese camino en la anterior legislatura. Debe hacerse dentro de la legalidad, con el más riguroso celo al ordenamiento jurídico, tanto para exigir las obligaciones que emanan del acceso a un puesto de empleo público como para respetar los derechos que tiene cualquier trabajador indistintamente de su status jurídico.
Está claro que un alcalde que insulta, amenaza, coacciona, vilipendia y veja a sus subordinados, ha perdido cualquier legitimidad para ejercer el poder. La institución más importante de Benavente merece el máximo respeto. Benavente y los benaventanos no nos merecemos a este alcalde.
