Mientras se pone énfasis en la recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, como la liberación de muralla en la avenida de la Feria, otra parte de la capital zamorana muestra evidentes signos no ya de deterioro, sino de plena decadencia. No hablamos de monumentos como tales, sino de propiedades particulares, algunas de ellas edificios que cuentan incluso con algún grado de protección por su alto valor arquitectónico y ambiental.

Los desperfectos se multiplican: los desprendimientos de cornisas se han convertido en rutina en buena parte del casco histórico, donde los bomberos y Policía Municipal han actuado esta misma semana en uno de las construcciones singulares de la zona más cercana a la Plaza Mayor: la antigua sede de los almacenes García Casado en la plaza de Sagasta. Tras el incidente salieron a la luz los datos alarmantes que demuestran la precariedad inmobiliaria de la zona de mayor atractivo para el visitante que acude a conocer la capital: Casi 900 edificios de los 8.000 censados en Zamora, es decir, uno de cada diez, presenta alto grado de deterioro o directamente se encuentra en estado de ruina y necesitan no ya un lavado de fachada, sino una intervención integral por estar afectadas las estructuras de las casas.

Cierto es que, en muchos casos, la calidad constructiva en las partes más antiguas de la ciudad influye para que los edificios vayan perdiéndose y los inquilinos emprendan la huida a otra parte de la ciudad. Pero tampoco puede negarse que, además, es el resultado de años de políticas urbanísticas que se revelan de forma nefasta para la conservación del patrimonio arquitectónico que va mucho más allá de las iglesias románicas. La misma concienciación que ha llevado a acometer planes de restauración hasta devolver el esplendor a buena parte de la nómina de monumentos debe ser extendida hacia el resto de la urbe.

Ha faltado una actuación más enérgica a la hora de plantear la conservación y la rehabilitación de una parte esencial de la ciudad como atractivo turístico porque resultaba más fácil recalificar, aunque fuera a distancias kilométricas, y construir viviendas más baratas, que ocuparse en mantener los edificios existentes mediante rehabilitación y evitar ese paisaje que otras veces se ha denunciado desde estas mismas páginas: solares vacíos como tristes cicatrices junto a monumentos como Santa María la Nueva, en calles como Zapatería, en Balborraz? Son la triste estampa que se produce cuando la ruina de un edificio llega hasta las últimas consecuencias. Muchas veces eso ha derivado en quejas continuas del vecindario, como ocurre en el barrio de La Horta, en un proceso de degradación que se alarga ya demasiados años.

El resultado de estas políticas urbanísticas tan faltas de cordura es el aumento del coste de los servicios en esas alejadas urbanizaciones, repletas de "viviendas fantasma", por un lado, y por otro, la despoblación paulatina de las zonas más sensibles y que concentran la mayor parte de ese patrimonio que pretendemos sea reconocido por la Unesco. Pero si a su comité asesor en España, Icomos, ya le parecía hace casi 20 años una aberración permitir la circulación de vehículos a motor por el Puente de Piedra, es de suponer que también pondría la lupa sobre el avanzado estado de abandono de la Zamora histórica.

La rehabilitación debería ser una prioridad para evitar este declive y para ello no cabe otra opción que agilizar y adaptar las normas que rigen el Plan Especial del Casco Histórico para acabar con esas bolsas de degradación urbanística. Es también una de las peticiones desde hace años por parte del sector de la edificación, antaño generador de empleo y hoy tocado de muerte por la crisis económica. Lo deseable sería la elaboración de un nuevo Plan Especial, que sigue pendiente, junto a una administración urbanística más ágil. Y, desde luego, un plan de emergencia entre propietarios y responsables municipales de aplicación inmediata para frenar la pérdida irreversible del patrimonio arquitectónico civil de Zamora.