Sin ni siquiera hacer una pausa para comer, el pasado jueves después de horas interrogando al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros ocho ex consellers del Govern de Cataluña destituido por el articulo 155, la juez Carmen Lamela, que pasará a la historia por ello, decretó prisión incondicional para los imputados con la única excepción de uno que había dimitido horas antes de su cargo. El auto de la magistrada justifica las medidas tomadas en cuanto a las posibilidades de fuga existentes dado su alto poder económico y la gravedad de los delitos de los que son acusados: rebelión, sedición y malversación. La juez, como se sabe, ya tiene en prisión a otros dos líderes independentistas catalanes. Y a petición de la Fiscalía quedó lista para ser dictada una orden de detención en Bélgica, por los mismos cargos, contra el ex president Puigdemont y los cuatro ex consellers que permanecen fugados junto a él. Pero lo malo es que los convenios europeos entre naciones aplican unos trámites de garantía, a base de recursos y más recursos, que pueden durar dos meses o más.

Las rápidas decisiones de la Audiencia Nacional, que han satisfecho al máximo a la inmensa mayoría de la población española que clamaba por la prisión inmediata de los golpistas de Cataluña por su alucinado delito de intentar romper la unidad del país, no han resultado sin embargo tan drásticas en el Tribunal Supremo que entiende el caso de Forcadell, la ex presidenta del Parlament rebelde, y de los componentes de la Mesa, que no han declarado al ser otorgado a los imputados un plazo hasta el día 9 dado que sus abogados defensores habían alegado indefensión. De todos modos, la ex presidenta y los demás aforados contarán hasta ese día con vigilancia policial por el riesgo de huida. Mientras, el fugado mayor, el mayor cobarde, se tomaba un café en Bruselas a las horas en las que tenia que estar declarando en Madrid, donde no se había presentado por puro miedo, y luego se proclamaba "presidente legitimo de Cataluña" y exigía la libertad de los presos. Un individuo realmente peripatético.

Los secesionistas catalanes están donde tienen que estar: entre rejas. El poder judicial de nuevo ha demostrado su independencia absoluta del poder político. Los líderes del separatismo no son unos presos políticos, sino unos políticos presos acusados de delitos gravísimos. No están en prisión por sus ideas sino por los hechos delictivos consumados. Lo que no se sabe, aunque se intuye, es si los encarcelamientos era lo que se quería en el Gobierno, por el temor latente a la reacción en la calle, tranquila en los primeros días, que ya ha vuelto a rebullir alentada por los partidos secesionistas y por el radical Podemos. Y porque el saber a sus cabecillas encarcelados o buscados por la policía, pueda exacerbar no solo los ánimos sino también el victimismo y que el 21 de diciembre los separatistas vuelvan a ganar y la pesadilla vuelva a empezar. Los primeros sondeos les dan ligera mayoría, lo cual sería un patente fracaso de Rajoy al convoy elecciones tan rápidamente, un error total. Solo queda esperar que los catalanes que rechazan la independencia sepan reaccionar y acudan a las urnas.