Una delegación de técnicos de la Comisión Europea acaba de visitar varias explotaciones ganaderas de Zamora, situadas en comarcas del sur del Duero. La presencia de especialistas medioambientales en Castilla y León, donde también han conocido granjas de Ávila, tiene que ver con la problemática generada en torno al lobo, sus daños en las haciendas pecuarias y las quejas de los profesionales del sector. La visita ha estado auspiciada por la Junta de Castilla y León, que en varias ocasiones ha solicitado la modificación de la Directiva comunitaria sobre Hábitats que considera al cánido salvaje como especie protegida al sur del Duero. Quiere el Gobierno regional que el predador pueda ser considerado animal cinegético para poder llevar a cabo un control más "efectivo". No va a haber cambios en la calificación.

Los técnicos comunitarios lo han dicho muy claro: no habrá modificación en la normativa europea, el lobo seguirá protegido al sur del Duero, pero sí que hay una voluntad decidida de impulsar la "coexistencia" del depredador y las labores ganaderas. Para que sea posible, los costes de los ataques tienen que correr a cargo de la sociedad, agilizando al máximo la tramitación de las indemnizaciones. Los ganaderos, por su parte, deben aplicar más medios de prevención y la Junta de Castilla y León quiere poner en marcha, sin miedo a la Justicia por las denuncias de las asociaciones proteccionistas, campañas de control selectivas para evitar que la ganadería extensiva desaparezca por falta de rentabilidad, lo que agravaría aún más la despoblación que sufre Zamora y toda Castilla y León. No obstante, este último aspecto no ha quedado muy claro tras la visita, aunque el Gobierno Regional sí que ha pedido "flexibilidad" en la aplicación de las normas de "protección".

Sobre el escenario dos vertientes de una misma realidad: la de los grupos proteccionistas que urgen la protección máxima del predador y la de los criadores pecuarios y sus organizaciones profesionales que son partidarios de un control exigente para que no se extienda a comarcas donde todavía no ha sido detectado. En el desván, el choque entre intereses económicos que están detrás de las dos posiciones. Hay quien presenta el debate como una partida de naipes en la que se juega, por un lado, la supervivencia del turismo en zonas como la Sierra de la Culebra y, por otro, la pervivencia de la ganadería extensiva en la provincia zamorana.

En el nuevo Plan de Gestión y Conservación del Lobo de Castilla y León, ya en vigor, Zamora aparece como la provincia con mayor número de expedientes y cabezas de ganado afectadas. Los datos hablan por sí solos: 1.271 procesos abiertos, correspondientes a ataques comprobados por la Administración regional y más de 5.500 cabezas de reses afectadas (muertas o heridas) desde 2005 a 2012, la mayor parte ejemplares ovinos.

El nuevo programa de gestión divide a la comunidad en dos zonas, al norte y al sur del Duero, con el fin de establecer diferencias en el control del censo de la especie y las compensaciones por daños a los ganaderos. Existe una diferente consideración jurídica del animal salvaje que establece que al norte del Duero las indemnizaciones se regirán por la normativa de caza y por debajo se deja al criterio de la Administración regional. En la zona primera el lobo se podrá cazar por el sistema de cupos. La nueva normativa establece que no se podrá abatir más del 10% del censo.

Los ganaderos defienden la supervivencia de su medio de vida y, por tanto, demandan garantías para seguir ejerciendo su actividad. Al lobo lo ven como un elemento que "muerde" sus raídas economías. Urgen a la Administración regional pagos rápidos y justos, limitando la burocracia. La Junta, que está en medio del conflicto, exige todo tipo de comprobaciones antes de pagar las indemnizaciones por daños. Los cazadores, por su parte, demandan que se abra su campo de acción al sur del Duero, donde los ataques son más dañinos porque las ganaderías están más desprotegidas. El sector turístico cree que el lobo es un elemento dinamizador de las zonas donde vivaquea, muy poco desarrolladas y amenazadas por una despoblación galopante. El potencial turístico de la especie es enorme y algunos expertos estiman que podría superar los siete millones de euros al año. Naturalistas y proteccionistas creen que el animal salvaje es una oportunidad para el desarrollo endógeno de la provincia. Aseguran que el conflicto se minimizaría si los ganaderos contaran con medios de prevención como vallados y perros adecuados.

El mensaje de la Comisión Europea está claro: no habrá cambios en la calificación jurídica del cánido salvaje al sur del Duero, que seguirá estando protegido, y debe ser la Junta quien consiga la reconciliación entre las partes para lograr la "coexistencia" imprescindible entre los ganaderos y la especie silvestre. El objetivo es conseguir que el sistema de producción extensiva sea una actividad profesional rentable y reconocida socialmente para lo que piden que las explotaciones se doten de más medios de protección. Y, por supuesto, conseguir que el lobo sea aceptado por toda la sociedad como un indicador de la calidad ambiental de Zamora, ejemplo de diversidad y un yacimiento turístico de gran importancia, ya que la provincia se ha convertido en la mayor reserva europea de esta especie.