En esta diabólica partida de ajedrez, en este desafío insensato de los independentistas de Cataluña al Gobierno de la nación, no puede haber otro desenlace que la restauración de la ley y el orden constitucional quebrados por las autoridades de aquella región española. Ni siquiera podrían producirse tablas jamás y de ninguna de las maneras. Rajoy y su consejo de ministros dieron el pasado sábado un jaque mate a Puigdemont y su banda de golpistas con el artículo l55 de la Carta Magna., que entrará en vigor el próximo vienes suponiendo las intervención y el total control de la autonomía de Cataluña por parte del Ejecutivo, desde Madrid. La cuestión es saber si el jaque mate es insalvable o si existe alguna salida para los separatistas, algo que Rajoy parece que vería con agrado.

Se va a saber muy pronto, porque mañana el todavía presidente de la Generalitat comparecerá ante el pleno del Parlament convocado para esa tarde. No ha mencionado para nada la declaración de independencia, pero sus socios secesionistas se la exigen. Y es muy probable, se dice ahora aunque no hay confirmación al respecto, que antes o después, el jueves por la mañana o el mismo viernes antes que el Senado apruebe la norma del 155, Puigdemont comparezca ante la cámara alta, una comparecencia admitida en los trámites previos, para defender su postura y contra la aplicación de la Constitución, o bien para anunciar convocatoria de elecciones constituyentes y por tanto fuera de la ley.

La tibia postura del Gobierno en todo este asunto, desde el principio, vuelve a poner en el alero independentista el desarrollo o no de la intervención de Cataluña. El gerifalte de la Generalitat, que si declara la independencia puede ir a la cárcel porque hay preparada una querella por parte de la Fiscalía, ha movido ficha, y aunque quede por aclarar si acudirá o no ante el Senado, pero se cree que sí, el hecho es que ante el Parlament puede adoptar tres decisiones: declarar la independencia, declarar la independencia y convocar a la vez elecciones, o simplemente disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas. Y si la primera y la segunda opción, llevarían a la aplicación directa del 155, parece que la última posibilidad, la de convocar los comicios suscitaría dudas jurídicas, pues Puigdemont si hace la convocatoria antes de que el Senado de luz verde a la norma seguiría siendo presidente y por tanto podría tratarse de una medida legal siempre que llevase aparejada la renuncia al proceso separatista.

De producirse, ello solo serviría para que los rebeldes ganasen tiempo, acelerasen unos comicios manipulados por los medios a su servicio y por la presencia de los radicales en las calles, y al final volviesen a ser mayoría en un nuevo Parlament. Aunque no pueda descartarse tampoco lo contrario. Pero si ganasen, como vaticinan ya las encuestas, todo volvería a empezar y la vergonzosa y vergonzante situación actual se volvería a repetir por parte de unos y otros, un justo castigo a la pasividad y la tardanza y la burocracia del Gobierno en reaccionar al desafío, una bajada de pantalones que iba a parecer muy mal a la mayoría de los españoles que se sentirían indignados y engañados una vez más.