Todo lo que ha ocurrido, ocurre, y ocurrirá en Cataluña, está poniendo de los nervios no solo a la gente de la calle, a la mayoría de los españoles incluidos los catalanes, sino a muchos políticos, pues se piensa que tan grave asunto no tenía que haber llegado nunca a los límites que ha llegado si el Gobierno que preside Rajoy hubiese actuado con firmeza y mano dura cuando era su momento, al principio de la rebelión, pues la aplicación del artículo 155 entonces, y sin tibieza, hubiese evitado los graves problemas que se derivaron del desafío soberanista y que por desgracia se volverán a reavivar.
Incluso en el ambiente aparentemente tranquilo del PP, con el ritmo lento marcado por el deambular de Rajoy, han surgido las primeras voces criticas instando a tomar medidas para que los movimientos secesionistas, este y los que vengan, con el País Vasco a la espera de su turno - ahí está el PNV en contra de la norma constitucional - no puedan prosperar y ni siquiera aflorar. España no debe olvidar lo de Cataluña si no quiere condenarse a que la historia se repita. No solo han sido los duros del partido, los halcones en la línea de Aznar que no ha callado su desacuerdo con la política timorata del actual presidente del partido y del Gobierno, sino que entre los mismos dirigentes jóvenes de la nueva hornada se han planteado soluciones drásticas, de las que Rajoy no ha querido ni oír hablar, aunque se haya expresado a través de la voz del coordinador general, el zamorano Maíllo.
Ha sido Pablo Casado, el portavoz oficial del PP quien, sin embargo, ha lanzado e incluso ha reiterado la propuesta de ilegalidad a los partidos independentistas que defiendan la ruptura de la unidad de la nación. Otros, como Albiol, el mandamás popular en la región catalana, se han puesto a su lado de inmediato, pidiendo la reforma también de la ley de partidos cuando se comience a trabajar con los cambios necesarios en la Carta Magna. En realidad, la idea surgió antes de Vox, la rama desgajada del PP en el País Vasco, que hace tiempo tomó la decisión de representar no a la ultraderecha sino a la derecha de siempre, sin disfraces, a los conservadores de toda la vida. Claro que así les va, sin conseguir financiación ni presencia alguna en los medios, aunque la crisis de Cataluña les haya servido para aumentar su afiliación. Fueron los de Vox los que lanzaron la idea de la ilegalización, y ellos también quienes están tratando por vía judicial de meter a Puigdemont y los suyos en la cárcel.
Sostiene el Gobierno que a un partido no se le puede negar el registro por sus ideas sino por sus hechos. Aun así, en España, y en lo que va de siglo el Tribunal Constitucional ha ilegalizado a Batasuna y sus franquicias y algunos otros partidos más de extrema izquierda. Sin embargo, lo que aquí casi ni se contempla, es normal y es ley en países como Francia o Alemania, donde cualquier partido que vaya en sus postulados osus programas electorales contra la unidad del Estado es rechazado. Pero en España ya se sabe que somos más papistas que el Papa. El no aceptar a los partidos independentistas debería formar, inexcusablemente, parte de las reglas del sistema democrático.
