Los presupuestos desgranados por la Junta de Castilla y León y el anuncio del Ayuntamiento de la capital contienen escasas o ninguna novedad en cuanto a inversiones. La mayoría de las partidas asignadas corresponden a proyectos pendientes varios ejercicios, incluso décadas en el caso del Centro de Adultos y Biblioteca del viejo matadero. Desatascar el penoso proceso que incluye hasta tres adjudicaciones de una obra a medio hacer y que ha duplicado su coste, además de ser pasto de los vándalos, ya era objetivo prioritario para el Gobierno municipal en 2017. Ahora lo es para 2018. Confiemos en que esta vez sea la definitiva para el antiguo matadero, para el parque de bomberos, el cuartel de la Policía Municipal o el abandonado Mercado de Abastos.

Pero esta vez, a las dificultades financieras o burocráticas se añaden las políticas: la crisis abierta entre los socios de gobierno de IU y PSOE tras sumar los socialistas un edil más con la salida de uno de los concejales del grupo mixto escindido al principio del mandato, podría tener graves consecuencias a la hora de llevar los presupuestos a pleno. Por lo tanto, los ciudadanos tendrán de nuevo que apelar a la buena fe de los responsables políticos para no caer en la parálisis administrativa que, antaño, era el arma arrojadiza desde los grupos que ahora gobierna contra los que se sientan actualmente en la oposición. Triste y habitual paradoja.

En el caso de la Junta, parece garantizada la aprobación con el pacto con Ciudadanos para que en diciembre tomen cuerpo otra colección de inversiones pendientes: desde la reforma del centro médico Parada de Molino hasta la carretera de Oporto que, con una partida simbólica de 400.000 euros que servirá para la firma con la vecina comunidad de Galicia y poco más, siendo candidata, de nuevo, a figurar en presupuestos venideros, salvo inyección extraordinaria.

Si acaso, la novedad apreciable de las partidas regionales consiste en la materialización del Centro Cívico y Conservatorio que remediará el agujero negro del fallido Palacio de Congresos. El convenio suscrito entre la Consejería de Educación, la de Fomento y el Ayuntamiento de Zamora demuestra, una vez más, que cuando existe voluntad de entendimiento, independientemente de las ideologías, cuando prima el interés general, los proyectos salen adelante.

Tocará esperar, como de costumbre, para ver qué papel juegan las administraciones en otras iniciativas reivindicadas por los empresarios en el Zamora 10. Los representantes institucionales acudieron el pasado lunes a firmar la adhesión y posaron en la foto de familia, pero queda por concretar si esas aspiraciones, respaldadas por quienes representan el auténtico motor económico de la provincia, tienen alguna traducción real en las cuentas de las administraciones cuando les toque asumir la parte que pueda corresponder a cada una de ellas.

Acostumbrados, como están los zamoranos, a aplicarse el cuento de "Virgencita, que me quede como estoy", podría considerarse un logro que se cumplieran las expectativas para 2018 jaleadas por los partidos representantes de cada una de ellas. De milagro cabría calificarse que realmente se pusiera en marcha el engranaje imprescindible para acelerar un tejido socioeconómico que comienza a ofrecer tímidos repuntes según el último estudio de España-Duero, que constata un crecimiento del 2,5% de la economía zamorana durante el segundo trimestre de este año, por encima de la media regional, aunque el punto de partida sea inferior, pero por debajo de la media estatal. Ese mismo estudio apunta como una de las causas del avance la mejora del mercado laboral, pero a nadie se le escapa que dicho mercado laboral sigue adoleciendo de males estructurales: alta temporalidad y sueldos precarios. Además, pasado ese segundo trimestre, en general bueno para la economía española, otras sombras se ciernen con la incertidumbre abierta por la deriva secesionista catalana, de la que tampoco podrá escapar Zamora si los efectos se trasladan al PIB del conjunto estatal.

Porque tampoco conviene olvidar que también esta misma semana Cáritas ha insistido en el crecimiento de la desigualdad social y de la pobreza en Castilla y León y, por tanto, en la provincia. En las páginas de este mismo diario el sociólogo ligado a la ONG de la Iglesia, Andrés Aganzo decía en voz alta lo que muchos ciudadanos comparten: "Es una paradoja que en Zamora haya 12.000 parados y al mismo tiempo mucho por hacer en tantas cosas", desde turismo a la industria agroalimentaria. De seguir en la misma tónica, anunciar en cada presupuesto oficial que se incrementa la partida destinada a servicios sociales para paliar las consecuencias de esa inacción que lleva a la gente a emigrar o a la desesperación, en lugar de un síntoma del estado de bienestar, simbolizará un fracaso que no podemos permitirnos.