El pasado lunes, en medio de la tensión producida por el desafío independentista catalán, fruto de la pasividad del Gobierno durante cinco años, llegaba a Madrid, aunque pasase un tanto desapercibida por lo que estaba y está cayendo, la gran marcha de los pensionistas, miles de personas, jubilados en su mayoría, arribadas a la capital del país desde todos los puntos de España para reivindicar ante las administraciones del Estado unas pensiones dignas y justas.

Porque aseguran muchos de sus perceptores que con las cantidades que como media se cobran, algunas en los mínimos posibles, sencillamente: no se puede vivir. Llevamos años, desde que el PP se encargó de la gobernación con Rajoy al frente, que los pensionistas pierden constantemente poder adquisitivo. Obsesionado por la macroeconomía, manejando datos debidamente cocinados para ocultar la realidad de la situación, el presidente lleva tiempo pregonando la recuperación de la economía. Pero siguen las pensiones congeladas en ese ridículo aumento del 0,25 por ciento anual, burla, befa y mofa del Gobierno a sus clases pasivas. Y aun a las activas porque de la misma pérdida de capacidad de consumo participan los asalariados actuales, públicos y privados.

Las perspectivas son aun peores, porque parece ser que a alguien de arriba se le ha escapado que las pensiones no se revisarán al menos hasta el 2022. O sea, cinco años más con el escarnio del 0,25 por ciento para nueve millones de personas. Ha sido el PSOE de Sánchez el que ha propuesto la vuelta al sistema anterior, ajustando el alza anual de las pensiones a la subida del índice de los precios, como se venía haciendo con anterioridad hasta que llegó la crisis, una crisis que Rajoy cargó especialmente sobre las espaldas de las clases sociales mas desfavorecidas, entre ellos los pensionistas. Pero la propuesta ha caído en el vacío, recurriendo a la ausencia de fondos que permitan incremento alguno, dado que además el Gobierno en estos últimos años se ha cargado la hucha de reserva heredada.

Los sindicatos apoyan a los pensionistas y exigen al Gobierno tomar medidas, para lo cual citan como posibilidad la misma que en ocasiones ha manejado Rajoy: subir más los impuestos para que haya dinero. Como si pagaremos pocos impuestos los españoles desde que el PP llegó al poder. Es obvio que resulta una solución inviable que solo serviría para aumentar la desigualdad y la pobreza. Otra posibilidad barajada es pasar las pensiones a los presupuestos generales del Estado, lo más sensato, pero ello obligaría a reducir gastos, algo a lo que la vergonzante clase política actual no está dispuesta ni ahora ni nunca, tanto los partidos de un signo como los de otro. Con lo fácil que sería. Solo en subvenciones opacas y casi siempre ideológicas se van 25.000 millones cada año. A lo que cabria añadir el derroche a manos llenas de las instituciones, sobre todo en las autonomías.

A los irritados pensionistas de la marcha a Madrid no les ha quedado otra que volver, entre justas protestas, a sus lugares de origen sabiendo que las cosas no van a cambiar.