He intentado sustraerme a comentarles mi parecer sobre la peripecia catalana. Hay demasiado ruido. Pero ya no me resisto. Compartiré con ustedes alguna reflexión sobre esta aventura plagada de imprevistos y de incierto final. Es posible que mientras escribo estas líneas se produzcan novedades determinantes en el parlamento de Cataluña.
Hace unos días, un miembro del gobierno catalán afirmaba impávido que los que no participaran en el ilegal referéndum debían ser considerados súbditos y no ciudadanos. Resulta asombroso que se confunda tan groseramente el significado de estos términos. Todo ciudadano lo es en cuanto que miembro activo de un estado organizado que le otorga derechos y deberes, amparado por una constitución, que en el caso español fue aprobada en 1978. Este marco legal democrático es lo que nos hace ciudadanos, gracias a la ley me puedo comportar como tal, ella me ampara ante el abuso del vecino o el atropello del gobierno. Ya sé que no siempre es así y que nuestra Constitución, que pronto cumplirá cuarenta años, deberá ser reformada. Pero resulta que sólo bajo su paraguas no perderé la ciudadanía, porque al margen de la ley o sometido por un poder no emanado de ella, acabaré tratado como súbdito, sujeto a la autoridad de un superior o engañado por quienes prometen quimeras sobre un manto de aparente legitimidad. Por tanto, el súbdito podría ser quien acudió a votar, ejerciendo una libertad impostada, obedeciendo el mandato de unas autoridades trastornadas por otro derecho también falso, el derecho a decidir, que si no le ponemos complemento, no significa nada.
En el origen de esta controversia, de la confusión entre ley y legitimidad, del error de considerar democráticas decisiones ilegales o de equivocar el papel de las instituciones, está la escasa formación cívica de gobernantes y gobernados. Sí, Educación para la Ciudadanía, esa asignatura que figuró en los programas educativos unos pocos años y que el gobierno del PP eliminó con su moribunda LOMCE. Qué error, qué inmenso error han cometido los sucesivos gobiernos desde la aprobación de la Constitución, olvidando una tarea fundamental en todo sistema democrático constitucionalista: la educación en los principios y valores éticos que la sustentan. Se debió incorporar a los currículos educativos en escuelas, institutos y universidades de todo el Estado. Compruebo cada curso en las clases de bachillerato, la grave ignorancia de nuestros alumnos del ordenamiento jurídico español, así como del funcionamiento del régimen democrático. Algunos ignoran que tenemos una monarquía parlamentaria. La mayoría tampoco sabe que muchos artículos de la Carta Magna están inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tampoco se han ocupado nunca de formar a la población adulta, no he conocido buenas campañas de concienciación ciudadana, de asunción de nuestros valores ni de compromiso con nuestras instituciones. Si se hubiera hecho esto en todos los territorios de España, es posible que el problema vasco, hace unos años, o el caso de Cataluña, hoy mismo , no habría tomado las dimensiones tan graves que ha alcanzado.
Me comentan que en la subcomisión de Educación del Congreso, encargada de hacer una propuesta de nueva ley, aceptan la necesidad de formar en Ciudadanía. Buena noticia. Tenemos que hacerlo bien, hay que pretender que los alumnos puedan repetir lo aprendido en clase como si lo hubieran aprendido en la calle. Así quería el Juan de Mairena de A. Machado que se aprendiera lo importante para la vida.
Parece claro que nos falta cultura política, de haberla tenido la ciudadanía no hubiera consentido tanto golfo en las candidaturas de los partidos, tampoco se habría votado a un partido corrompido y financiado ilegalmente como el PP. Creo que no habrían calado en los ambientes independentistas, mentiras tan burdas como esa de que "España nos roba". Se dejó en manos del soberanismo catalán o vasco toda la formación en historia y valores culturales; sobre el vehículo de su lengua, terminaron deformando la visión que los alumnos de institutos y universidades tienen del resto del Estado.
Hace más de cien años ya escribía, en un artículo de El Imparcial, nuestro gran pensador Ortega y Gasset: "Consideramos como aspiración profunda de la democracia, hacer laica la virtud e inyectar en nuestro país la moralidad social". Da pena reconocer que aún hoy debemos mantener tal aspiración. De eso mismo habló José Borrell en su discurso del domingo pasado al término de una manifestación. Lo hizo con valentía, apelando a dos pilares fundamentales para sustentar la convivencia en cualquier lugar de España: la solidaridad y el respeto a la ley. También para vivir como ciudadano y no como súbdito.
Voy terminando y ya oigo que el presidente del gobierno catalán declara la república independiente de Cataluña al tiempo que la suspende temporalmente. Parece ser que para mediar o dialogar o acordar o negociar.. sobre algunos asuntos que no alcanzo a descubrir. Tampoco dicen nada del marco legal vigente...Siguen improvisando. En fin, parece que no hay tragedia sino comedia, o, más bien, ridículo. Lo prefiero.
