Esa es la cuestión y esa es la pregunta que se hace toda España tras la bochornosa jornada del 1 de octubre en Cataluña, donde todo lo ocurrido era más que previsible, desde la celebración de un referéndum totalmente ilegal, vivido a salto de mata, sin censo, ni urnas, ni papeletas, donde quien quería podía votar cuantas veces quisiera, a los altercados y enfrentamientos entre los fanáticos independentistas manipulados y las fuerzas del orden nacionales que tuvieron que actuar desalojando a las personas encerradas en los colegios electorales ante la pasividad o negativa de la policía catalana, los Mossos, que como cabía esperar desobedecieron los mandatos judiciales y se pusieron al servicio de la Generalitat y del movimiento separatista, convirtiéndose de hecho en responsables igualmente de los incidentes producidos en los que se registraron heridos leves, con cifras infladas ridículamente desde el Govern, aunque la actuación de Guardia Civil y Policía fue siempre proporcional, correcta, firme pero no violenta, al contrario de lo que ocurre en las cargas semejantes en otros países del mundo.

Se había llegado con los ánimos muy tensos a la fecha del referendum, que Rajoy había prometido que no se celebraría, pero ya se sabe que este presidente incumple siempre sus promesas. En toda España, había salido gente a la calle, contra los secesionistas, y había banderas en los balcones, lo cual está muy bien pero es un gesto que no sirve para nada, y que no se veía correspondido por la actitud del Gobierno, espectador vergonzante de los vergonzosos hechos, de la pantomima que su inacción había provocado en Cataluña al no saber responder con rotundidad y en su momento al desafío catalán. Que se verá continuado no tardando en otras comunidades, empezando por el País Vasco y siguiendo con Baleares. A eso ha llevado el estado de las autonomías y el desprecio e incumplimiento de las leyes. Lo que menos importa es cuantos votasen y los votos que lograse el sí pues son votos falseados en origen, inválidos y no expresivos de nada. Pero le valieron ya horas después a Puigdemont para cantar victoria y anunciar que en unos días proclamará la independencia de aquella región española.

Victoria que por su parte se atribuía también a Rajoy pese a la dramática incapacidad de su gestión política, que había trasladado desde el principio a los jueces y en última instancia a los cuerpos de seguridad, reiterando que se ha hacho lo que democráticamente se debía hacer y ofreciendo diálogo, como siempre. Vuelve a amenazar veladamente, ambiguamente, con el 155 de la Constitución pero ahora no parece referirse a su aplicación inmediata para evitar la independencia sino para después en caso de que llegue a proclamarse. Aunque antes de tomar una decisión quiere hacerlo de acuerdo con el PSOE y con C´s, lo cual es acertado. Para Rajoy la culpa de todo la tienen las autoridades catalanas, y eso es absolutamente cierto, pero ya no es cuestión de buscar culpables, sobre todo porque el Gobierno comparte esa responsabilidad por su falta de respuesta, sino de buscar soluciones. Que las hay. Y aplicarlas de modo firme y contundente con todo el peso del poder y de la ley. Pero ya mismo.