17 de septiembre de 2017
17.09.2017
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editorial

Acabar con los fuegos, un compromiso de todos

17.09.2017 | 01:24
Acabar con los fuegos, un compromiso de todos

Los peores augurios se están cumpliendo. La sequía que arrastra la provincia desde el invierno pasado, y que ya ha tenido consecuencias graves en la economía del sector agropecuario y en los servicios de abastecimiento de agua de muchos pueblos, ha sido este verano la mejor arma de desaprensivos y delincuentes medioambientales que se han hartado de quemar marcando en rojo un año que va a pasar a la historia forestal zamorana: más de 500 incendios, de ellos al menos un 90% intencionados y récord en grandes fuegos (más de medio millar de hectáreas quemadas), que ya avanzan hacia la decena.

¿Qué ha ocurrido para que desde el último fin de semana de julio, Zamora se haya convertido en un infierno? Los incendiarios campan a su antojo y se están cebando con los espacios protegidos, de manera especial con las comarcas del oeste de la provincia, en el marco, y no parece una coincidencia aunque tampoco hay datos para hablar de trama negra, de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica.

Los términos de Pino del Oro y Castro de Alcañices fueron los primeros que entraron en la lista negra de territorios abrasados por un gran incendio este verano en la provincia, en este caso con un balance terrorífico, más de 3.000 hectáreas asoladas. Pero lo peor estaba por venir: agosto y lo que va de septiembre están batiendo todos los registros: espacios tan emblemáticos como Los Arribes del Duero han cambiado el verde estival desvaído y pajizo por el negro de la nada. Municipios como Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Bermillo de Alba, Vegalatrave, Ribadelago, San Martín del Pedroso, Latedo. Otero de Bodas? han quedado muy tocados. El fuego en la Cabrera leonesa mantuvo durante varios días en el aire a Zamora que también acabó pagando con contaminación en los ríos sus consecuencias. El balance es estremecedor: miles de hectáreas de montes arrasadas, la biodiversidad dañada, cosechas perdidas -especialmente sangrante es la destrucción de viñedos centenarios en la DO Arribes-, la fauna salvaje alterada, el paisaje borrado y dibujado en negro en unas horas... Los daños son tan enormes que son difíciles de evaluar y, lo que es peor, se prolongarán durante muchos años.

¿Cómo es posible que, hasta hace cuatro días, no se hubiera identificado ni a uno solo de los presuntos incendiarios?, se pregunta la calle. Se está investigando ahora a un vecino de la zona de Pino en relación con el incendio de finales del mes de julio, que llegó hasta Bermillo de Alba. Es muy importante, y no solo por el efecto disuasorio, que las fuerzas de seguridad consigan resultados. Pero para eso es clave la colaboración ciudadana porque en muchos pueblos los que queman el bosque no se esconden en cuevas. Pero para que haya resultados hay que convencer a los vecinos de que el clima mafioso de protección, a la larga, perjudica a todos, porque los montes, sea quien sea quien los gestione, son un patrimonio público, son riqueza que beneficia a toda la comunidad.

Los más afectados por los incendios son, sin duda, quienes los padecen, o sea los vecinos de los pueblos donde se han producido. Aunque esta afirmación parece una obviedad, no sobra airearla, ya que ocurre que algunas veces la sociedad en abstracto parece como si culpabilizara de los fuegos a todo el ámbito rural. La despoblación tiene mucho que ver con el mayor riesgo de incendios forestales. Los pueblos están vacíos y los desaprensivos con intereses tienen todo el campo libre para prender. Hace años los rebaños y los ganaderos limpiaban el monte durante todo el año. Hoy eso es historia porque apenas quedan explotaciones de régimen extensivo y las normativas son muy exigentes con las quemas controladas.

Los habitantes del territorio afectado por los fuegos están indignados y han alzado sus voces contra los incendiarios y también contra la Administración, en este caso la Junta de Castilla y León, por la gestión que está haciendo de los montes y de los espacios protegidos. Propietarios de Fermoselle han exigido la declaración de zona catastrófica, figura que, como tal, no se contempla en el ordenamiento jurídico actual, aunque sí son factibles programas de apoyo como los que ha habilitado la Junta para el sector agropecuario para paliar los efectos de la sequía. Las administraciones tienen la responsabilidad de estar al quite y ayudar a los damnificados que en muchos casos han sufrido importantes pérdidas que se suman a las de la sequía.

Seguramente es injusto relacionar el incremento de incendios intencionados con el malestar de los residentes en espacios protegidos contra la gestión que de ellos hace la Junta de Castilla y León, pero sí que parece que puede haber cierta conexión. Las quejas son cada vez mayores. Los lugareños lamentan que la Administración regional, posiblemente por penurias presupuestarias, ha descuidado en los últimos años la prevención, incluida la limpieza de masas forestales, eriales y cunetas. Quien vive en los espacios protegidos tiene la sensación, y eso se percibe hablando con la gente, de que tiene sus propiedades hipotecadas por una normativa muy exigente que tiene más en cuenta a los posibles visitantes que a los moradores.

Crecen los accidentes provocados por la fauna protegida, también los daños en los sembrados y los ataques de depredadores al ganado. La presión sancionadora se ha incrementado y lo que ayer era habitual hoy está penado, sin que haya compensaciones a cambio. La propiedad de los bosques es clave para prevenir incendios. Cuanto más sentido de pertenencia tengan quienes viven junto a las masas arboladas, menos fuegos habrá. El ejemplo más claro es Soria, la provincia con un mayor porcentaje de masas forestales y la que menos siniestros sufre. La explicación está en que la mayoría de las zonas verdes son de propiedad municipal y benefician a las comunidades de vecinos.

Zamora tiene que defender con uñas y dientes su riqueza forestal. La Administración regional, gestora del patrimonio natural, es responsable de conservar la riqueza medioambiental con una gestión adecuada y con todos los medios policiales a su alcance. Pero, por encima de todo, hay que concienciar a la sociedad de la necesidad de proteger un tesoro que es colectivo. No se puede permitir que los intereses particulares estén por encima de los generales. Entre todos hay que neutralizar las causas incendiarias: las imprudencias, los intereses económicos (agrícolas, urbanísticos y cinegéticos) y la actividad de individuos con trastornos psicológicos.

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