Finalmente, la justicia se ha impuesto y la mujer granadina, la tal Juana Rivas, que se negaba a entregar a sus hijos a su ex marido, italiano, antes condenado por malos tratos y del que estaba separada, ha tenido que entregar a sus hijos al padre cumpliendo el mandato judicial que ha venido desafiando durante un tiempo con el apoyo explícito de la red feminista y la llamada industria de género y el implícito de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y hasta del presidente del Gobierno, Rajoy, que llegó a exclamar que había que comprender la situación de esta madre. Pero olvidándose todos de la otra parte de la cuestión, o sea del padre, que también tiene derecho a estar con sus hijos.

Parece que esta historia, una más de desencuentros de pareja con los menores como víctimas y moneda de cambio y puede que de manipulación, está llena desde el principio de verdades y mentiras, pues el ex marido, que igualmente tiene voz en este asunto, niega las acusaciones de su ex esposa aunque admite una leve condena por malos tratos, que en su versión, no fueron más que un forcejeo en una discusión, aunque por supuesto eso no coincida con la versión de la mujer. Para colmo, Rivas ha estado asesorada jurídicamente, se dijo, por una feminista de su pueblo: la ya famosa Paqui, que no es abogada y que la ha aconsejado mal y de forma radical en todo momento, o eso parece desprenderse de muchos testimonios cercanos, y que ha sido encausada igual que la madre, ésta por desobedecer reiteradamente el mandato judicial y desaparecer durante más de un mes con sus hijos, que el lunes ante el requerimiento de la magistrada que entiende el caso fueron entregados a su progenitor.

Naturalmente, los colectivos del lobby feminista han puesto el grito en el cielo, o más bien en el infierno, y han presentado un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que se tomen medidas en cuanto a la actuación del Juzgado correspondiente de Granada y del fiscal que han obligado a la restitución de los menores. Ya antes habían presentado recurso ante la Audiencia y ante el Tribunal Supremo en defensa de los derechos de la granadina, recursos desestimados. E incluso algunas de sus líderes han desbarrado acusando al padre de la posibilidad de querer matar, como venganza, a los niños en cuanto les tuviese en Italia, una muestra de miseria moral que se basa en la precedencia de hechos semejantes, lo mismo que hay otros de mujeres asesinas de sus hijos. Precisamente, las autoridades italianas a través de diversos especialistas han asegurado el bienestar de los menores.

La ley es igual para todos, pues ese es el principio del derecho. No pueden bastar las actitudes lógicas y humanas de los afectados ni el radicalismo de esas minorías a las que ya la mayoría de los españoles han visto el plumero. A Juana Rivas, procesada por sustracción de menores, le pueden caer dos años de prisión, cuyo ingreso ya ha solicitado el fiscal. Reciente está la salida de la cárcel de una abogada valenciana que se ha tirado ocho años entre rejas en Estados Unidos por un hecho parecido. El acuerdo internacional de La Haya sobre estos asuntos es muy estricto y riguroso, según los expertos.