Municipio y patrimonio: reflexiones en torno a un derribo

Los dirigentes municipales han argumentado que no es posible evitar la demolición por no encontrarse contemplado el inmueble en los correspondientes instrumentos de protección. Tras el fracaso de las negociaciones con el promotor que pretende construir en el solar un edificio de viviendas, no se considera viable por cuestiones legales incluir ahora la Fábrica en los planes de protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Este derribo constituye el enésimo episodio de la ineficacia de las diferentes corporaciones municipales que se han sucedido, respecto a la conservación del patrimonio cultural zamorano. Centrándonos tan solo en lo arquitectónico, la dilatada sucesión de despropósitos se remonta, por lo menos, al siglo XIX, con la destrucción de la mayoría de las puertas de la ciudad debido a cuestiones "higiénicas y de progreso". Transcurre luego por acontecimientos bochornosos como la amortización (años setenta) de un tramo de muralla en la actual calle de Alfonso IX, irrisoriamente rehecha en un escaparate; el arrasamiento de las aceñas de Cabañales, que fueron reconstruidas deprisa y corriendo ante las amenazas de la Unión Europea, o la inútil desaparición de la Capilla del Hospital Provincial.

A lo largo del periodo que jalonan estos y otros tristes lances, las corporaciones municipales que han regido Zamora no solo se han manifestado incapaces de salvaguardar los inmuebles de interés histórico o arquitectónico, sino que a veces han sido las impulsoras de los estragos; algunas veces por ignorancia-arrogancia, otras por carencia de medios y, en la mayoría de las ocasiones, por falta de voluntad política, a menudo sometida tácitamente a intereses económicos de terceros, con independencia de la ideología e, incluso, del sistema político vigente en cada momento.

Menoscabo patrimonial que es paralelo, sorprendentemente, a un discurso oficial que incide en la visión de Zamora como ciudad histórica. Una prueba más, por desgracia, de la frecuente vacuidad actual de programas y eslóganes.

A la luz de estos acontecimientos parece perentorio revisar y completar las herramientas de protección del patrimonio cultural, que presentan lagunas más que evidentes. Una tarea que debería ser participativa, con intervención de los profesionales y de la sociedad civil en general. Es urgente, por otro lado, adoptar medidas respecto a ciertos inmuebles de interés que se encuentran en riesgo cierto de desaparición: el abandonado Polvorín del siglo XVIII; un edificio modernista, prácticamente en ruinas, en la calle de Santa Clara; otro art decó en la esquina de San Pablo con Cortinas de San Miguel, apuntalado desde hace años, y más que sería prolijo enumerar. No estaría tampoco mal reformar instituciones como las comisiones de patrimonio, que tendrían que encontrarse blindadas frente a presiones políticas o económicas.

Sucesos similares ocurridos en otras localidades y los numerosos casos de corrupción que jalonan nuestro país ligados al urbanismo en las corporaciones locales, inducen a considerar que estas competencias se encontrarían mejor en manos de Administraciones con más recursos y menos susceptibles de sucumbir ante intereses que no son los del conjunto de los ciudadanos.

Cuando en toda Europa las ciudades más dinámicas apuestan fuerte por el patrimonio como vehículo de desarrollo y renovación urbanas, incluso creando recursos culturales donde no los había, aquí parece que seguimos empeñados en destruir lo que poseemos. Quizá ya estemos inexorablemente resignados a no ser más que una pequeña ciudad de provincias, bajo control de unos pocos, que languidece entre el pesimismo social y la autocomplacencia folclórica.