Parece que el tema de la corrupción que ensombrece el ámbito político español, casi sin excepciones, preocupa no solo a los españoles sino a esa Europa de la que se forma parte, pues si en los informes del CIS resulta el segundo asunto que más inquieta a los ciudadanos, solo por bajo del alto nivel de paro y la precariedad del empleo que se está creando, en otro estudio de ahora mismo llevado a cabo por Bruselas, la corrupción en España sigue siendo un motivo de preocupación generalizada, y aun se va mas allá porque no solo se trata de la desconfianza en los partidos políticos, sino en las instituciones de la nación, y muy en concreto en las administraciones regionales.

La percepción que del Estado autonómico, según este trabajo, se tiene en la UE es tan mala como la que tienen, en general, los españoles. Ciertamente, el mapa de la corrupción regional ha ido ensanchándose con el paso del tiempo y con la inmunidad que ha acompañado a muchos de los casos, aunque otros como los ERE de Andalucía, o el Gurtell de Madrid y Valencia, o la Púnica y Lezo también en la capital de España, estén hace tiempo en manos de los tribunales de justicia. Apenas se libra nadie, y desde luego tampoco Castilla y León, con los escándalos de la trama eólica y la Perla Negra.

En realidad, el dato es demoledor: los españoles son los europeos que más corruptos consideran a sus gobiernos tanto al central como a los regionales. Un 95 por ciento de los consultados en el informe de Bruselas creen que existe corrupción en las instituciones. No es que sean los únicos los españoles, pues los griegos y los italianos piensan lo mismo, poco más o menos de sus representantes, pero no deja de ser un pobre consuelo. Y más cuando se tiene en cuenta que la opinión se agudiza, llegando hasta el 99 por ciento, en el caso de las comunidades autónomas, lo que sitúa a estas instituciones como infectadas por la corrupción, según el referido informe, y desde luego las menos limpias y transparentes de toda la Unión Europea. Esa es la percepción existente de la situación.

Tampoco es de sorprender, pues no deja de ser la previsible consecuencia del disparate de dividir el país, para satisfacer a todos, en 17 reinos de taifas, con sus gobiernillos y parlamentos, imposibles de mantener económicamente, y más dilapidando el dinero público de la forma en que lo han hecho y continúan haciéndolo. Televisiones regionales, organismos duplicados innecesarios, miles de asesores y contratados a dedo y toda clase de derroches a costa de los demás. Las regiones son las que han llevado a España a su máxima deuda pública histórica y han abierto las puertas a la corrupción, haciendo uso de las competencias exageradas con las que cuentan. Un problema sin solución.

No es de extrañar que por estos lares vuelva a rumorearse que Herrera puede dejar la presidencia de la comunidad tras el verano. Algo que ya se dijo a comienzos de año y que quedó en la renuncia a la presidencia del PP que ahora ocupa Mañueco, quien sería el nuevo presidente de la Junta si el burgalés tira la toalla. Cansado, con los casos de corrupción encima, sería comprensible. Y puede que beneficioso.