F ue el pasado junio cuando el Gobierno de España aprobó un real decreto que suprimía la reválida impulsada por el Partido Popular, pero en el que también se estableció que los alumnos pudieran pasar al bachillerato con una nota media de toda la ESO inferior al cinco y con hasta dos asignatura suspensas, siempre y cuando no fueran Lengua y Matemáticas. El nivel de exigencia en España ha caído en picado.
Algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista se lo han tomado al pie de la letra, permitiendo que sus centros puedan aprobar al alumno a final de curso sin esperar a la convocatoria de septiembre. Dicho de otra manera, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y Extremadura permitirán a los centros no esperar a la recuperación de septiembre de todos los alumnos que hayan suspendido dos asignaturas.
Los gobiernos de las comunidades citadas han aprovechado un resquicio legal para facilitar los aprobados. Mal asunto este porque adelantar a junio la concesión del título de la ESO con suspensos es malo de solemnidad para la salud educativa. Da la sensación de que esta medida nefasta aprobada por el Gobierno del Partido Popular pretende maquillar de alguna manera las cifras de suspenso en junio que son un tanto escandalosas. Es decir no se mira por el alumno, porque medida tal impide a todas luces que el estudiante que haya suspendido y quiera subir nota en septiembre, como sería de recibo, tenga la oportunidad de hacerlo.
No sé para cuándo quiere dejar el Congreso el traído y llevado Pacto de Estado por la Educación, tantas veces reclamado por la comunidad educativa, que ponga fin a los desatinos e incongruencias que las políticas partidistas han trasladado a las aulas. Urge el acuerdo, urge el consenso, urge el sentido común para acabar con el fracaso escolar empleando una fórmula, la mejor, que sea compatible con un aumento de la exigencia. Se están poniendo en juego muchas cosas, entre ellas la preparación profesional de los jóvenes.
Si va a dar lo mismo aprobar que suspender, el esfuerzo será mínimo o nulo. La autoridad política deberá hacérselo mirar y si la autoridad educativa le secunda, también. No se puede admitir que un 17% de los alumnos pase al Bachillerato con suspensos. Es grave, muy grave que algunas comunidades autónomas hayan permitido y dado pábulo a esa decisión errónea y nefasta que ha propiciado el PP y de la que más tarde o más temprano habrá que arrepentirse. Rectificar es de sabios, aunque quizá eso sea mucho pedirle a sus señorías. Lo cierto es que una modificación a tiempo puede salvar la situación y el futuro del alumnado español sujeto a los vaivenes de políticos que demuestran tener poca idea de la educación en un país que se proclama avanzado.
