La puesta de largo de la Ruta del Vino Ribera del Duero como ejemplo de producto turístico accesible no es un paso más en ese loable objetivo de convertir a Castilla y León en una referencia nacional en materia de integración y capacidad de autonomía de las personas con discapacidad. Es más bien la constatación ejemplar de que la colaboración entre las administraciones públicas, la empresa privada y las organizaciones sociales más representativas es el mejor camino para avanzar en conjunto como sociedad, pensando en la igualdad de oportunidades para todos e impulsando proyectos viables y de calidad en un sector, el turístico, en el que la Comunidad ejerce un merecido liderazgo desde hace años.
Una docena de rutas del vino serán accesibles a las personas con capacidades diferentes, de tal forma que podrán utilizar espacios turísticos como bodegas, museos, alojamientos y restaurantes hasta ahora imposibles para ellos. Otra prueba fehaciente de que la calidad turística de la región pasa de manera ineludible por acercar todos los recursos posibles a todos los ciudadanos. Por ello, esta nueva iniciativa, que se suma a las desarrolladas ya en el Camino de Santiago Francés o a las llamadas 'Escapadas urbanas accesibles', consolidan y ratifican ese Plan Integral de Accesibilidad Turística con vigor hasta 2019 e impulsado desde la Junta. Una vez más, cuando el trabajo y el pensamiento de los dirigentes políticos se concentran en lograr el bien común, poniendo a disposición de las personas con menos opciones los mismos potenciales recursos, estamos ante lo realmente sustancial de la política y el ejercicio del servicio público: eliminar obstáculos y hacer la vida más cómoda y fácil a las personas. Y si, además, esa oferta turística reconocida internacionalmente se potencia a través de proyectos empresariales integradores no sólo beneficiará a un sector estratégico en Castilla y León, sino que permitirá avanzar de forma pragmática en la necesaria cohesión territorial, en el sostenimiento y desarrollo del medio rural y la creación de empleo.
Dicho esto, y cuando tienes, por distintas razones, la oportunidad de conocer la realidad de las personas con discapacidad, creo que debemos ahondar en este tipo de esfuerzos y desde todos los frentes posibles. Mal haríamos en conformarnos con la agradable sonoridad del aplauso que produce una acción de diez como la comentada más arriba. Eso sería autocomplaciente y, sencillamente, efímero. Y lo sería porque a la necesaria accesibilidad de los recursos y espacios hay que subrayar una vez más que la mejor medida de inclusión social es siempre favorecer el acceso a un puesto de trabajo. Una aseveración general y lógicamente aplicable a todo ciudadano, pero más, si cabe, a las personas con discapacidad, porque solo una de cada cuatro en edad laboral tiene empleo hoy en día.
Es cierto también que el ritmo de generación de puestos laborales en los últimos años se aproxima al 20 por ciento entre las personas con discapacidad, gracias en muchos casos a los centros especiales de empleo y al autoempleo. Pero no lo es menos que todavía hay un largo camino para que el 8 por ciento de la población, que es lo que representan en España las personas con discapacidad, dispongan de las mismas oportunidades, y no solo de carácter laboral. Vamos por la senda adecuada, como así lo demuestran planes como el de accesibilidad turística de Castilla y León, pero ¡queda tanto aún por hacer! Y como muestra de eso ahí está la tramitación legal para que las personas con discapacidad puedan formar parte también de jurados populares. Es sólo eso, un ejemplo, pero muy significativo de la labor que tienen por delante quienes tienen asumida la tarea de legislar y mirar por el interés general.
