11 de junio de 2017
11.06.2017
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editorial

Una prueba única de Selectividad para dar igualdad de oportunidades

11.06.2017 | 01:28
Una prueba única de Selectividad para dar igualdad de oportunidades

El informe PISA, de cuyos resultados Castilla y León presume como muestra del elevado nivel de sus alumnos, no tiene traducción alguna en el mundo universitario. A pesar de esos méritos reconocidos oficialmente por el documento que tantos quiebros de cabeza causa a las autoridades educativas españolas por el bajo nivel de conocimientos que, en general, se detecta entre la media de los estudiantes del conjunto del país, son las comunidades autónomas con resultados más mediocres las que encabezan el número de universitarios y, lo que a priori podría resultar más sorprendente, donde más abundan los sobresalientes tras las pruebas de acceso.

Lo que las calificaciones esconden, en realidad, es un baremo injusto y desigual que se traduce en una merma de las oportunidades de los jóvenes de la región. Dentro de ella, las peores consecuencias las asumen los que viven en provincias donde la oferta de estudios es limitada, como Zamora, y sobre todo, una vez más, los habitantes de los pueblos. Partimos, pues, de una situación de clara desventaja que el sistema educativo, lejos de corregir, perpetúa un año más en las pruebas de acceso a la Universidad a las que estos días se enfrentan los estudiantes de segundo de Bachillerato. Nada se ha corregido al respecto en el aspecto fundamental, más allá de las siglas que designan la antigua Selectividad, PAU o, este año, EBAU. El nombre, y en algunos casos ni siquiera eso, es lo único que dicha prueba tiene en común para todos los estudiantes del territorio nacional. A partir de ahí, cada comunidad autónoma mantiene sus propios contenidos y, por tanto, su particular baremo para decidir quién accede y a qué estudios de grado. Los resultados demuestran que la exigencia en Castilla y León es mayor y tener la nota más alta no garantiza la entrada a la Universidad, frente a alumnos que provienen de regiones menos estrictas.

Esta situación ha sido reconocida por el propio consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, y por la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, la carrera con nota de corte más alta y donde más flagrantes son las diferencias entre alumnados. La indiscutible injusticia tomó forma en un estudio de la catedrática de Bioestadística de la Facultad de Medicina de Valladolid, la doctora Cristina Rueda Sabater, quien elaboró lo que se viene conociendo como el "Informe Manu". Manu es uno de los cientos de alumnos de Castilla y León que superó de forma brillante el bachillerato y se enfrentó a la PAU más exigente, la de su región. Las notas muy altas concedidas por otras Comunidades Autónomas dejaron a Manu fuera de la Universidad de Valladolid, y de los estudios que soñaba con realizar. Ahora vive en Madrid. La desigualdad se revela, por tanto, como otra vía de fuga de talentos, empobreciendo a la sociedad de Castilla y León en todas sus vertientes. Quienes no pueden costearse vivir en otra ciudad o pagarse una Universidad privada se ven obligados a renunciar a su proyecto de vida.

La solución a este desastre sería bien fácil: establecer una prueba única para todas las comunidades, acabar por tanto con las diferencias de evaluación y otorgar a todos los alumnos las mismas posibilidades. Porque solo así se cumpliría otro requisito indispensable para la buena marcha de un país: garantizar el acceso de los estudiantes con mayores méritos académicos a la Universidad pública. En esa demanda confluyen desde profesores a padres, pero no acaba de encontrar eco entre todas las formaciones políticas hasta el punto de que se desconoce si figura como uno de los puntos a debatir en el ansiado pacto educativo que otorgue estabilidad al maltratado mundo de la enseñanza en España.

Ha sido Zamora la pionera en poner en marcha una Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA Zamora), que viene promoviendo acciones para luchar por esa prueba única, por acabar, en definitiva, con la discriminación que sufren alumnos como los zamoranos, incluida una recogida de firmas para entregar al Ministerio de Educación. Poner remedio a la barbaridad del sistema actual solo encuentra un único obstáculo: la falta de acuerdo entre las distintas comunidades autónomas a quienes corresponden las competencias en Enseñanza. Resulta inaceptable que haya quien se considere representante de una sociedad en un gobierno autónomo o nacional, o en cualquier partido político, y anteponga sus propias normas cortijeras en lugar del interés general. Han dejado pasar otro año precioso para poner en marcha de forma fácil y eficaz mecanismos de igualdad de oportunidades en lo más básico para garantizar la prosperidad de la ciudadanía: la educación de los jóvenes. Pero si en los próximos doce meses sigue sin abordarse esta cuestión se habrá demostrado que las generaciones venideras tienen más que justificado el desapego político, ya que les niegan sus derechos más fundamentales.

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