En estos días los estudiantes de segundo de Bachillerato van a enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad con escasos cambios respecto a la anterior PAU más allá del nombre, EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), si bien ya algunas comunidades autónomas, por aquello de continuar con la diferenciación, han decidido cambiarle el nombre por EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad). Con independencia de siglas, el escándalo que denuncié en este mismo diario hace un año bajo el título de "La vergüenza de la PAU" continúa, puesto que las diferencias entre los exámenes elaborados por las diversas comunidades autónomas son sustanciales, lo que conduce al sinsentido de que para un distrito universitario único las pruebas de acceso no sean idénticas. Y no parece que las discusiones para constituir un pacto de Estado por la educación tengan intención de corregir esta situación de injusticia que, además de cercenar las aspiraciones legítimas de unos estudiantes en favor de otros, abre una brecha insalvable en función del nivel económico de las familias entre las que pueden desplazar a sus hijos a otra localidad u optar por una universidad privada y las que no pueden pagar ni lo uno, ni lo otro.

Ante esta grave situación, la responsabilidad política se acentúa por cuanto desde este año no pueden alegar desconocimiento. Desde su reciente creación, la Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad, con la que tengo el gusto de colaborar, ha trasladodesde al Secretario de Estado de Educación hasta a los representantes educativos de distintos partidos políticos, pasando por Rectores, Vicerrectores, Asociaciones de Padres, senadores y diputados, su propuesta de una prueba única y objetiva para todo el territorio nacional que garantice la igualdad de las condiciones de acceso a la Universidad. Para cimentar la propuesta, la Asociación ha contado con el "Informe Manu", elaborado por la catedrática de Bioestadística de la Facultad de Medicina de Valladolid, doctora Cristina Rueda Sabater, y del que se hicieron eco recientemente distintos medios de comunicación como El Mundo, por cuanto el informe pone números a la desigualdad de la que vengo hablando e incluso propone el uso de percentiles como elemento corrector de esta desigualdad. Grosso modo, el informe constata no solo las diferencias en los resultados entre comunidades, sino lo curioso que resulta que comunidades con resultados mediocres en el Informe PISA, por el contario, obtengan un porcentaje de alumnos de sobresaliente en la prueba de acceso a la universidad muy superior al de comunidades punteras, según el mismo Informe PISA, como la Comunidad de Castilla y León, la más perjudicada.

Así pues, no será la ignorancia de la gravedad de la situación la que justifique la perpetuación de esta desigualdad, sino que habrá que achacar la falta de sensibilidad sobre este tema a la, una vez más, anteposición de criterios políticos a la concepción de la educación desde la igualdad como, por otra parte, preceptúa la Constitución.

En definitiva,si realmente queremos que a la universidad accedan aquellos alumnos con más capacidades intelectuales y en condiciones de igualdad de oportunidades es evidente la necesidad no solo de corregir el sistema actual de acceso, sino, como propone la Asociación, establecer los cauces necesarios para elaborar una prueba común y objetiva que garantice la igualdad de acceso a la universidad española.

Luis M. Esteban Martín. Profesor