La publicación de un par de libros en los últimos meses en los que se analiza la situación de la España vacía, es decir, de la España rural y de interior, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que parece incomodar a una parte de las élites (urbanas) españolas: el del abandono y posterior olvido de una parte importante de la población y de sus hábitats de vida. En Zamora en particular y en Castilla y León en general sabemos bien de qué va este debate. La artificial polémica surgida en torno al Apeadero de Tren que continuará dando servicio a través de los Alvia a la comarca de Sanabria muestra cómo una parte de la población española parece no entender el significado profundo que tiene el Estado nación como marco de solidaridad tan comunitaria como imaginada.

La España rural desapareció del debate público hace más de sesenta años: el largo proceso migratorio favorecido por la dictadura franquista, y la consolidación de la modernidad urbana con la llegada de la democracia hizo que la ruptura campo / ciudad pareciera definitivamente superada en nuestro país. Centrados como estábamos en otras dos rupturas de más difícil gestión (centro / periferia e izquierda / derecha) los españoles olvidaron el mundo rural y, lo que parece más inquietante, olvidaron los derechos que asisten a la población que allí (aún) vive.

Sin embargo, la desaparición de la España rural del debate público no ha resuelto los problemas que la misma padece y que podríamos ordenar en dos tipos de listas pero que están relacionados la una con la otra. Por un lado, problemas vinculados al presente de estos territorios y, por otro, problemas relacionados con el futuro de las personas que allí viven. Por lo que se refiere a los problemas del presente, los más graves están relacionados con el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Desde hace muchos años tenemos claro de manera doctrinal que un ciudadano es sujeto de derecho y que la Administración existe para garantizarle el ejercicio de los mismos; así, por ejemplo, el ciudadano tiene derecho a la seguridad vial y por ello la Administración lleva a cabo un conjunto de actuaciones para garantizarle el ejercicio de estos derechos. Frente a lo que puede parecer en el relato socialmente dominante, y que pone el énfasis en los derechos cuyo ejercicio depende de la renta, a día de hoy hay un conjunto muy relevante de derechos cuyo ejercicio por parte de los ciudadanos dependen de su lugar de residencia: el derecho a la sanidad es muy difícil de ejercer cuando no hay médicos en el Centro de Salud, como está pasando por ejemplo en la Alta Sanabria. No se trata, es evidente, de poner un hospital en cada pueblo, pero sí de asignar recursos que aseguren un mínimo para toda la población con independencia de su lugar de residencia. Lo mismo podríamos decir con el acceso a la información en localidades donde no es posible conectarse a Internet con un mínimo de velocidad, pese a que es evidente que el acceso a la red es un derecho esencial para que los ciudadanos no se queden postergados en la transición hacia un mundo digital que ya estamos viviendo. Así, de hecho, lo reconoce el propio Estatuto de Autonomía cuando señala que uno de los principios rectores de las políticas públicas de la Administración autonómica será el de garantizar "la igualdad de oportunidades de todas las personas en el acceso a la formación y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación". Por no hablar, en fin, de cómo queda configurado el derecho a la movilidad si pensamos en el ferrocarril como un producto destinado, de manera exclusiva, a unir Madrid con las grandes ciudades de la costa. Si los ciudadanos no pueden ejercer una serie de derechos básicos solamente por residir en una parte del territorio nacional, se quiebra el espacio de solidaridad sobre el que se ha construido el Estado contemporáneo. Si entendemos como lógica la solidaridad intergeneracional que hace que los cotizantes de hoy paguemos las pensiones de otros, y vemos también como normal la solidaridad económica que hace que paguen más los que más tienen, ¿por qué miramos hacia otro lado cuando hablamos de solidaridad entre territorios y se reclaman los mismos derechos básicos para los que viven en pueblos que para los que viven en ciudades? En este sentido, es interesante destacar el trabajo realizado por Princal, la federación que agrupa a gran parte de los grupos de acción local que operan en Castilla y León quien, por encargo de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, ha llevado a cabo un estudio sobre el modelo de prestación de servicios TIC en el ámbito rural, en un modelo que busca configurar un estándar Smart Rural que pueda ser utilizado en otro lugares.

El problema, además, es que, si no resolvemos el primer grupo de problemas, agravaremos el segundo, que es la absoluta falta de horizonte vital, económico y social del medio rural en España. Con una población cada vez más envejecida, más pobre y con menos servicios, es utópico pensar que vamos a poder asistir a un reequilibro poblacional a corto o medio plazo en nuestro país. No se trata, es evidente, de forzar a nadie a vivir en el campo, ni de poner ningún coto a la libertad de residencia; se trata, por el contrario, de aumentar la libertad y permitir que los ciudadanos puedan elegir el tipo de vida que prefieren, en un escenario en el que la balanza se encuentre razonablemente equilibrada y tanto la vida en un medio como en otro presenten ventajas e inconvenientes que cada uno habrá de sopesar y madurar. Por el camino actual, España acabará siendo a medio plazo el gran Madrid y la costa. Y si ese es el final deseado, que alguien lo plantee con claridad y ya vamos echando la llave, cada uno a su casa, cada uno a su pueblo. Y todos, como en los setenta, "pa'Madrid".