El pasado miércoles, los cinco grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León escenificaron la firma de un pacto con el que se busca impulsar el sector industrial y de la innovación tecnológica en la región. El plan industrial cuenta con una dotación económica de 836 millones de euros para acciones que se emprendan desde ahora hasta el año 2020.

En esos tres mismos años las previsiones en Educación es que cierren cinco de los seis colegios que aún existen en la comarca zamorana de Aliste. La despoblación y el envejecimiento tienen la culpa y, hasta hoy, salvo interminables debates, ninguna medida se ha puesto en práctica para frenar de manera eficaz la sangría demográfica mediante la única arma posible: la creación de empleo. El plan de la Junta habla de incrementar el gasto en I+D+i hasta alcanzar el 3% del PIB regional para que el peso del sector industrial pase del 17,7% del Valor Añadido Bruto al 20%, superando a la media nacional en el plazo marcado en el documento. Porcentajes que, ni de lejos, se alcanzan en Zamora, donde la labor de modernización pendiente es de mucho mayor calado.

Se habla en el texto que ha trascendido hasta el momento de impulsar los parques tecnológicos existentes en Valladolid y León, así como la finalización del de Burgos. Pero, a la espera de que se vayan concretando las acciones, se echa de menos que la filosofía inicial no recoja las aspiraciones de las provincias que, como Zamora, viajan a una velocidad infinitamente menor porque sumaron a las dificultades de desarrollo, casi endémicas y no paliadas por el reparto de los fondos de cohesión, las consecuencias de la crisis. Si, como anuncia el portavoz socialista en el parlamento regional, Zamora tendrá su plan específico, urge conocer tanto su contenido como su dotación económica.

Provincias como la zamorana necesitan un gesto, un guiño inicial como lo tienen las comarcas mineras de la vecina León, al establecer el acuerdo la prioridad en el consumo del carbón autóctono. De lo contrario, y a expensas de esa mayor explicación sobre la hipótesis de discriminación positiva para Zamora, puede parecer que en la exposición de la iniciativa se repitiera ese esquema que tantas veces se ha criticado al Gobierno central de concentrar en las zonas que ya contaban con un importante desarrollo las nuevas medidas de estímulo, olvidando así el objetivo del reequilibrio territorial conforme al Estatuto de Castilla y León y la propia Constitución española.

La provincia es ejemplo de fortaleza en el sector cooperativo, de investigación en el campo agroalimentario con ejemplos alabados por el propio presidente de la Junta de Castilla y León durante su última visita a la provincia, como el consorcio de promoción del ovino, Gaza o Cobadu. Una pregunta obvia, a expensas de conocer el contenido de dicho plan, es si Zamora puede contar con ese plan para conseguir un más que justificado anhelo: la creación de un parque tecnológico agroalimentario como vienen reclamando desde hace dos años los empresarios de la provincia.

Esos niños de Aliste que dejarán abandonados los colegios pasarán a formar parte de un colectivo cada vez más amplio, los zamoranos emigrados, si no se dinamiza una provincia que en el último año ha visto cómo otras 432 personas se iban a vivir a otros países en busca de oportunidades cuando ya ni siquiera las encuentran en el resto de Castilla y León o de España. Niños formados, inicialmente, en esas escuelas que hoy languidecen sobre todo en el mundo rural, que completaron su preparación como universitarios y que encarnan el más doloroso de los exilios, porque con ellos se va el talento necesario para que su tierra no muera. No faltan, tras años de clamar en el desierto, los más pesimistas que piensan incluso apenas le queda latido vital. Así de crudo lo pintaron las empresarias galardonadas en la última edición de los premios entregados el pasado 10 de marzo por la asociación que agrupa a las mujeres emprendedoras de la provincia. Y tan lúgubre observación fue acogida por aplausos de los presentes, ratificando su temor al abismo al que se asoma Zamora cada vez que se publica una nueva estadística socioeconómica.

Durante los años más agudos de la recesión económica, de 2007 a la actualidad, en la provincia se cerraron 276 empresas. La mayoría tenían menos de cinco trabajadores, muchas de ellas quizá fueron fruto de la desesperación de alguno de los miles de desempleados que decidió capitalizar el paro e iniciar la dura aventura de ponerse al frente de su propio negocio. La microempresa, de cualquier forma, ha sido siempre una modalidad societaria imperante en una tierra dedicada, mayoritariamente, a la agricultura y a los servicios cuya fórmula necesita renovarse en el nuevo escenario globalizado. La estructura del mercado laboral zamorano necesita imperiosamente, por tanto, acogerse a ese plan regional que contempla la mejora de las condiciones de financiación y el aumento del tamaño de las empresas.

La inversión en Zamora, hoy en día, sigue siendo una quimera. Lo dicen también las estadísticas publicadas en este mes de marzo, que sitúa el crédito en mínimos históricos. Lo ratifican las cuentas de las entidades bancarias como Caja Rural, cuyo balance anual presenta un crecimiento del 30% pero no por la actividad en Zamora, que baja, sino a la registrada en Valladolid y León, donde la cooperativa de crédito zamorano ha ganado posiciones de mercado en los últimos años.

Zamora es una provincia subsidiada. Porque así lo atestiguan los datos de la Seguridad Social: 55.000 trabajadores en activo por 49.607 pensionistas. La nómina de las prestaciones para los que ya no están activos laboralmente creció un 20% durante la última década, en la que se desplomaron las personas que cotizan, 7.000 menos que en 2007.

La lista de datos que avalan la necesidad de contar con ese plan de reindustrialización, y con otros más, en Zamora podría alargarse aún mucho más, porque lo que sobran son argumentos, igual que sobran los propios datos, archiconocidos a fuerza de repetirse y de empeorar año a año. Lo que faltan son acciones y estas no deben esperarse que vengan exclusivamente manos de los políticos de la Junta o de cualquier otra Administración. Los empresarios y los agentes sociales, todos aquellos que representen parte de la sociedad zamorana, tienen mucho que decir, además de exponer la situación. Deben formar parte de una urdimbre social destinada no ya a reivindicar sino a poner en pie políticas y planes capaces de devolver a Zamora a la senda del crecimiento y de la igualdad con el resto de territorios de la comunidad autónoma.