Aunque las energías renovables sostenibles -eólicas, fotovoltaicas y termosolares- comenzaron a ser una tímida realidad en España a finales de la década de los 90, unos años después, en los tiempos de vino y rosas del nuevo siglo se convirtieron gracias al Gobierno del nefasto Zapatero en un "boom" que como ocurriría con la burbuja inmobiliaria y otras burbujas la crisis hizo estallar, dejando buen número de afectados, unos 1.000 en Zamora, unos 6.000 en Castilla y León, y unos 65.000 en todo el país, que están luchando contra lo que no dudan en calificar como una estafa del Estado.

Al peor presidente de un Ejecutivo que ha habido en la España democrática se le ocurrió, ademas de otras paridas diversas marcadas por su radicalismo izquierdista y su resentimiento ideológico -como la ampliación de la ley del aborto hasta extremos irracionales, la unión homosexual como matrimonio, la inconstitucional ley de género, y la memoria histórica que ha generado la vuelta al enfrentamiento y el odio entre los sucesores de los vencidos y los vencedores de la guerra civil- poner en marcha, con la irresponsabilidad y la incompetencia que fueron sus mayores características, un ambicioso plan primando la producción eléctrica de las energías alternativas, un negocio seguro que iba a representar un 7 por ciento de rentabilidad y cuya inversión se amortizaba en pocos años. Algo que no paso desapercibido y menos con la garantía del BOE por medio.

No podías encontraste con alguien, entonces, que no te animase a invertir en las renovables para lo cual los bancos y las cajas te facilitaban el crédito necesario y más, lo mismo que hacían con las hipotecas. El éxito fue desmesurado, sin control y con irregularidades por parte de las autonomías y del Gobierno y cuando se quisieron dar cuenta, allá por 2007 y 2008 cuando la crisis ya había asomado las orejas, resulta que se pagaban 2.500 millones al año en subvenciones que salían de los impuestos, algunos directos como el que se carga en la factura de la luz. Ya en 2010, desde Industria se tuvo que anunciar que la prima era excesiva y que se recortaban las subvenciones para su viabilidad.

Así quedó, de momento, el asunto, que económicamente seguía manteniéndose, hasta que en 2014 Rajoy puso en marcha una reforma energética que reduciría en 1675 millones los 2500 iniciales de las ayudas anuales concedidas. A la rebaja anterior se unía un 22 por ciento más de media, con lo cual los inversores pasaban a percibir la mitad o menos que al principio. Pero los créditos que muchos de ellos tenían que continuar pagando eran los mismos y el buen negocio pasó a convertirse en un negocio dudoso en el mejor de los casos, con oscuras perspectivas además para los años próximos. Se recurrió al Supremo y al Constitucional, pero no sirvió para nada pues sus fallos avalaron la decisión del Gobierno del PP. El sector, como consecuencia, ha perdido mucha ocupación, aumentando el paro.

Ahora se está pendiente del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, pero las esperanzas parece que son bastante limitadas pues sus laudos no se reconocen como vinculantes.