Como es conocido Radio Televisión Española, es una entidad pública de información al servicio de todos los ciudadanos de nuestro país. La necesidad de establecer unas normas, con rango de ley para el funcionamiento de la radio y televisión, proviene de la Constitución de 1978, que proclama como valores, el pluralismo político, la imparcialidad, objetividad y veracidad de las informaciones, separadas de las opiniones, el respeto al pluralismo, la vida privada y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución. Entre las funciones encomendadas por la ley se establece promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos, garantizar la información objetiva, veraz y plural. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.
Es público y notorio, y así está acreditado por el desplome de las audiencias, la insatisfacción general de los españoles con la RTVE en términos de la calidad y sobre todo por la dependencia del gobierno de Mariano Rajoy y de los intereses del Partido Popular; hasta el punto de que los propios trabajadores y sobre todo los periodistas y redactores exigen pluralidad e independencia. En su nombre los tres consejos informativos de RTVE (TVE, RNE e Interactivos) han presentado un escrito en el Congreso de los Diputados avalado por 2.225 de los trabajadores que integran la plantilla del grupo, en el que reclaman a los parlamentarios medidas urgentes para garantizar que la radio y la televisión pública "no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental". El escrito acentúa la necesidad de recuperar una compañía plural, imparcial, defensora de los valores constitucionales, incluido el derecho a la información, que hoy es más que nunca "una cuestión de higiene democrática", y por lo tanto debería de ser un "servicio al ciudadano" y no trabajar "al servicio de ningún gobierno de turno". Los profesionales piden que se defienda a los trabajadores de las decisiones discrecionales y partidarias de los directivos y evite la injerencia de los políticos, como está ocurriendo en la actualidad.
El texto es una llamada de atención a las Cortes Generales, dado que allí reside el control de RTVE. Los trabajadores desean recuperar el consenso establecido en la ley de 2006, que garantizaba la independencia de los profesionales y la defensa de su labor ante "decisiones discrecionales que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios puramente ideológicos". Hay que recordar que la anterior TVE fue reconocida como la segunda más imparcial de nuestro entorno, después de la BBC. En las últimas semanas los buenos periodistas -que ha tenido y sigue teniendo TVE- han reiterado sus protestas, por el deterioro de la imagen de neutralidad de la cadena.
Hasta el punto esta situación es escandalosa, que hasta la Federación de Periodistas Europeos ha señalado que el principal problema de RTVE, continúa siendo el descenso de credibilidad debido a la falta de imparcialidad de sus informativos. Así mismo han manifestado la preocupación por las repetidas denuncias de vulneración deontológicas realizadas por el Consejo de Informativos de TVE, y la consecuente degradación del servicio público de radiotelevisión. Consecuentemente esta tendencia pone en peligro la correcta percepción de su audiencia sobre la necesidad de un servicio público de radiodifusión neutral e independiente.
De poco ha servido que la anterior administración socialista aprobara una ley para romper los vínculos de RTVE y del partido en el gobierno, al ser inmediatamente anulado con la llegada del PP al poder. El propio "Financial Times" ha señalado y denunciado, que "la cadena estatal española TVE, es acusada de sesgo político y de manipulación". En dicho artículo señala que TVE ha sido delatada de ocultar casos de corrupción en los que estaba incluido el Partido Popular.
Desde que el presidente del Gobierno resolvió romper el acuerdo político, alcanzado por el gobierno socialista con todas las políticas, la situación de RTVE se ha empobrecido y se ha deteriorado.
Algunos creemos que para que una sociedad sea verdaderamente democrática, es necesario mantener y desarrollar los valores fundamentales y que la Televisión Pública es esencialmente un servicio al ciudadanos que está obligada a ofrecer contenidos útiles y de calidad; veraces e independientes. Y es que la información pertenece al común como bien social; y el periodismo debe ser un bien social. La ausencia de independencia de los medios públicos agrede gravemente al pluralismo y como consecuencia a los fundamentos de la democracia.
Parece razonable que pudiera ser posible recuperar un pacto entre todas las fuerzas políticas del Estado para crear una Ley que contenga todos los valores democráticos de nuestra Constitución. Si no es mucho pedir.
