Ha sido una semana de sentencias y decisiones judiciales, una mala semana para una sociedad cada vez más desorientada pero más indignada también ante la impotencia de ver como nada cambia y nada se puede hacer desde fuera para remediarlo, ni desde dentro tampoco porque quienes lo intentan suelen pagar un alto precio por ello. Parece ser que en el 90 por ciento o mas de los casos que se juzgan, los fiscales ven atendidas sus peticiones a los tribunales, pero en el caso de Urdangarín, el marido de la absuelta pero multada infanta Cristina, los 19 años de prisión que reclamaba la fiscalía quedaron en seis y tres meses, suficientes para meterle entre rejas, eso sí. Pero tampoco, pues la justicia redondeó su benigno fallo respecto a los delitos probados en el asunto Noos dejando al condenado en libertad, sin fianza siquiera, hasta que el Supremo dictamine definitivamente sobre el asunto.
No fue todo, porque en estos días pasados, igualmente, se dio a conocer otra sentencia, esa no tan benévola, sobre el escándalo de las tarjetas black de Bankia, condenando a 6 años a Blesa y a 4 años de cárcel a Rato, expresidentes de la entidad. Parece que el montante económico de lo que se llevó Blesa con su tarjeta opaca es bastante menor que los seis millones de dinero público distraídos por Urdangarín, pero a ambos, tribunales distintos les ponen la misma pena. Ni que decir tiene que la cosa queda a expensas del Supremo, y que tampoco ni estos dos ni los otros usuarios de las tarjetas irán de momento a parar entre rejas, aunque se pedirán medidas cautelares. Blesa ya estuvo una vez, no hace tanto, y aquello le costó al juez su carrera. Por otra parte, la reacción de algunos profesionales de la justicia que no han podido ocultar su frustración ha servido para enturbiar más el ambiente. Así, el fiscal de Murcia, tras su traslado al imputar al presidente de aquella comunidad, un tal Pedro Antonio Sánchez, por presuntas conexiones con tramas de corrupción, ha denunciado las presiones políticas que a veces se reciben en casos semejantes. Es fácil imaginarse y comprender lo que habrán tenido que soportar quienes han juzgado a la infanta y a su esposo. Y en la misma linea se han expresado el juez y el fiscal del asunto de Urdangarín. Ahora, los partidos de la oposición, hasta el mismo Ciudadanos, exigen la presencia del ministro y del fiscal general en el Congreso para investigar y pedir responsabilidades. Pero tampoco pasará nada, porque aquí nunca pasa nada.
Mientras, en la calle, la indignación se ha enseñoreado del país, pues lo que se cree es que ni la justicia es igual para todos ni se mide a los delincuentes por el mismo rasero. Un joven entró hace poco en la cárcel por pagar 79 euros con una tarjeta falsa, como se ha denunciado en internet. Y otros políticos corruptos como Bárcenas o Granados, por ejemplo, ingresaron en prisión de inmediato. El Gobierno respeta la justicia, dice Rajoy. La posverdad se impone, debidamente manipulada y tergiversada, a la realidad de los hechos, ante una democracia débil y una sociedad que se desmorona y se va rindiendo, ante tanta falsedad, a los populismos y extremismos de uno u otro signo.
