La expulsión de los jesuitas de España en 1767 fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos como "Motín de Esquilache".
En Zamora, la expulsión de los jesuitas produjo una gran contrariedad, pues su marcha como encargados de la enseñanza pública dio lugar a suspender los estudios por falta de quien los impartiese y aún a falta de libros de texto ya que se habían prohibido los de los jesuitas. Mucho se preocupó el Ayuntamiento con esta falta, por lo que trabajó intensamente para remediarlo, nombrando una Comisión que se encargó de redactar un minucioso informe con memoria histórica de los estudios en Zamora desde su fundación por Francisco Valdés y adaptaron las ordenanzas para los estudios de nueva creación, sobre provisión de cátedras, inspección de la enseñanza, libros de texto y demás atenciones relativas al asunto para reinstalar los estudios en la ciudad, aunque hubieron de vencerse muchas dificultades.
A los tres años de la suspensión, con dotación de fondos para atender a las necesidades, previa autorización que se obtuvo por Real Cédula de 3 de mayo de 1768, se hicieron mejoras para la instalación en la casa que fue de la Compañía en la calle del Estudio (hoy calle de Benavente).
Los Jesuitas habían llegado a Zamora en el año 1601, dos eran misioneros, fueron muy bien acogidos por el Ayuntamiento, que les autorizó a que fundaran casa y se dedicaran a la enseñanza.
La supresión de la Compañía de Jesús por el papa Clemente XIV, en 1773, fue cediendo a la presión que ejercieron las principales monarquías católicas de Europa que, identificadas como despotismos ilustrados, expulsaron de sus reinos a los jesuitas justificando estas medidas en una doctrina denominada Regalismo que defiende el derecho del Estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias nacionales. La expulsión de los jesuitas apetecía, porque reforzaba el poder del monarca y porque, tras la expulsión de una orden religiosa, vendría luego la correspondiente desamortización de sus bienes, que el Estado podría administrar como creyera oportuno. En España la expulsión de los jesuitas se repitió en 1835 y en 1932.
