La violencia machista no es un problema familiar. Tampoco es un problema provincial o nacional. Es un asunto global presente en todas las sociedades. Un problema social y político, de una gran complejidad, que necesita respuestas de amplio alcance.
Se dice que la violencia contra las mujeres es un problema global en cuanto que la violencia y la discriminación contra las niñas y las mujeres se manifiesta en todas las culturas y países, con múltiples modalidades y diversas intensidades. Por ello debe de ser afrontada rompiendo los límites de las fronteras familiares, locales o incluso europeas.
Se trata además de un problema complejo, porque implica conjugar el auxilio personal de las víctimas con la defensa y protección de intereses sociales comunes, debiendo de adoptarse medidas de naturaleza política, social y jurídica en acciones estratégicas universales.
La violencia contra las mujeres es pues un problema social, de graves costos emocionales, económicos, y sociales, que afecta que afecta y aflige a toda la comunidad internacional, y que necesita respuestas.
ONU-Mujeres ha enfrentado este problema como una de los grandes retos del milenio y pide a los países, y a su ciudadanía, una posición decidida por la igualdad de las mujeres, la eliminación de todas las formas de discriminación sexista y la penalización y sanción de todas las conductas violentas contra las mujeres y también de la violencia doméstica.
Los distintos tratados internacionales cuyo contenido es la defensa de las mujeres, afrontan el triple reto de potenciar la igualdad, luchar contra la discriminación y erradicar la múltiples formas de violencia sexista que sufren (sufrimos) las mujeres.
La violencia que soportamos las mujeres y las niñas aunque multicultural y diversa es única. Es una violación de derechos fundamentales. Así lo han declarado importantes instrumentos de derecho internacional, considerándolo un grave atentado contra el derecho a la dignidad humana y contra la seguridad de las personas. Por este motivo, la violencia contra las mujeres ha sido considerado un asunto de atención internacional. Los organismos internacionales de Derechos Humanos han afrontado su lucha, y erradicación, considerándola "una forma de delincuencia sumamente destructiva", como lo ha calificado el Parlamento Europeo.
Las medidas contra las violencias, las discriminaciones y las desigualdades son políticas, jurídicas e institucionales. La solución está en la sociedad. En cómo educa a sus niñas y a sus niños, en la enseñanza en la igualdad, en los valores compartidos y en los valores antidiscriminatorios.
Así lo ha entendido la ONU en sus distintos pronunciamientos y así lo ha entendido el Consejo de Europa. En 2011, la firma del Tratado de Estambul, por varios países europeos, entre ellos España, supuso el reconocimiento por parte de las autoridades europeas de un problema grave en sus sociedades. Países como Suecia, Noruega, Francia, Italia o España, admitían pública e internacionacionalmente que solo mediante acciones globales e internacionales era posible adoptar decisiones institucionales de amplio alcance en el fenómeno de las violencias sexistas.
Los organismos internacionales pedían a sus sociedades nacionales que convengan, reconozcan y acepten, que sus mujeres, están siendo víctimas de una violencia intolerable y que esta, es repudiada por toda la colectividad.
El Consejo de Europa y el Convenio de Estambul pretenden eliminar de las sociedades europeas, cualquier rastro de desigualdad, discriminación y violencia, concienciando a la sociedad que las violencias contra las niñas y mujeres suponen una conducta abominable y una violación de los Derechos Fundamentales de todas y cada una de las niñas y mujeres, de todo el mundo.
(*) Presidenta de Mujeres Progresistas de Zamora y secretaria de Formación del PSOE de Zamora
