El mantenimiento -e incremento- de la biodiversidad es una obligación que tiene el ser humano como individuo y como especie. La humanidad ha heredado un medio ambiente que tiene que conservar y, si es posible, mejorar. El cambio climático, con signos visibles en muchas partes del mundo, ya está aquí y por eso no se deben demorar por más tiempo las medidas para intentar frenarlo. En este horizonte de proteger lo propio hay que enmarcar el Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras, que se incluye en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En la lista se incluyen animales y vegetales alóctonos que han sido introducidos en la península ibérica de manera ilegal y que, según los especialistas, perjudican a la fauna y la flora autóctonas, por lo que es necesario acabar con ellos. Las últimas incorporaciones a esta relación han creado malestar, sobre todo entre los pescadores y determinadas industrias, que se consideran dañados por una decisión que tachan de unilateral y no razonada.

Los pescadores zamoranos han sido de los más beligerantes de España contra la modificación del Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras. La medida ha generado protestas y movilizaciones, que desembocaron en primavera en una gran manifestación en Madrid con decenas de miles de personas en la calle. Los aficionados a la caña no entienden que se haya condenado a muerte a animales como la trucha arcoíris, la carpa y el cangrejo rojo y señal, entre otros, muy asentados en España y que constituyen la base de su deporte.

Están molestos los aficionados a la pesca porque la lista de animales y vegetales no autóctonos se haya ampliado recientemente (en junio de este año), en cumplimiento de la sentencia de 16 de marzo pasado del Tribunal Supremo que dio la razón a varios grupos proteccionistas, incluidos Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos. El fallo judicial condena a muerte a algunas de las especies pescables más emblemáticas, al no ser propias del país y perjudicar a las locales. Se incluye también la carpa como especie alóctona, a pesar de que algunos expertos mantienen que fue introducida en la península ibérica hace más de 2.000 años, coincidiendo con la llegada de las legiones romanas.

La normativa en vigor ha sido también cuestionada por pequeñas empresas que se dedican a la comercialización de algunas de las especies ahora sentenciadas. Ha creado mucha confusión entre los pescadores la forma que fija la ley para deshacerse de los animales capturados, en el mismo momento en que sean extraídos del agua, y la prohibición de su transporte. De hecho el fallo judicial especifica claramente que la inclusión en el catálogo conlleva la prohibición genérica de la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos, incluyendo el comercio exterior. Se da la paradoja de que si se cumple a rajatabla la normativa sobre especies exóticas e invasoras se conculca la legislación que prohíbe dejar animales muertos en el campo.

El Consejo Regional de Pesca de Castilla y León ya ha aprobado el borrador de una nueva Ley de Pesca en la que suaviza las condiciones del fallo del Supremo y especifica que se permite la posesión y el transporte temporal de ejemplares muertos hasta el lugar de su eliminación del medio natural, proceso que habrá de realizarse en el menor plazo posible y de acuerdo con la legislación sectorial sobre la materia. En todo caso la nueva ley no será aprobada por las Cortes de Castilla y León hasta dentro de unos meses.

La sentencia del Supremo ya ha tenido consecuencias en Zamora, donde se ha cerrado el único coto social de pesca que existía, el de Mózar, porque no se pueden repoblar sus aguas con truchas arcoíris. En otras provincias de Castilla y León, con piscifactorías, el daño ha sido mayor y ha afectado al empleo local. También ha tenido consecuencias en los cotos trucheros en general, donde la prohibición de repoblar, está acabando con su riqueza y, como consecuencia, con la presencia de pescadores que, a la vez, no consumen ni activan la economía de las zonas que siempre han gozado de riqueza piscícola. Se da la circunstancia de que hace años la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo un programa de introducción de cangrejo señal en la provincia, costeado con fondos públicos, cuando ahora hay que extinguir a este crustáceo de los ríos zamoranos.

Las quejas han llegado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La ministra Isabel García Tejerina ya se ha comprometido a plantear a todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados la posible modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que incluye el catálogo de especies exóticas.

Los pescadores confían en que el Ministerio de Agricultura excluya, al menos, la trucha arcoíris, la carpa y los cangrejos rojo y señal de la relación por entender que son especies ya adaptadas al medio y, como en el caso de la carpa, llevan ya el tiempo suficiente en la península como para no ser consideradas alóctonas.

Los aficionados, además, se quejan de que la Administración los ha convertido en verdugos de animales, al exigir el sacrificio inmediato de peces y crustáceos nada más salir de las masas de agua, algo que podría ir en contra de las directivas europeas. Demandan, además, un tratamiento social del problema y no solo ecológico. En definitiva, pescadores y comerciantes afectados urgen al Gobierno que dé marcha atrás y busque el consenso necesario para revocar una norma que perjudica sus intereses y que daña a provincias como Zamora.