Mientras Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, anda dando largas a pronunciarse sobre si optará en su momento a la vacante secretaría general de su partido, el PSOE, a expensas de lo que haga el defenestrado Pedro Sánchez, que lo más seguro es que no haga nada, el juzgado que entiende el escándalo de los ERE ha notificado ya que los expresidentes de aquel Gobierno regional, Chaves y Griñán, habrán de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral para el que aún no hay fecha pero que se espera se celebre a lo largo del año próximo, aunque cualquiera sabe.

El asunto de los ERE de Andalucía ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción de los tantos como han proliferado a lo largo de finales y principio de siglo. Se une a los Gürtel, Bárcenas, Púnica y otros que enfangan al PP. Y uno de los primeros en ser descubiertos. La Junta de Andalucía había creado una partida de más de 1.000 millones de euros, a lo largo de una década, para paliar los efectos de los expedientes de regulación de empleo, ayudando a prejubilados y a las empresas afectadas. Y a partir de ahí comenzó el desmadre, con altos cargos, comisionistas y falsos trabajadores que hicieron de su capa un sayo hasta que el turbio asunto fue sacado a la luz por la juez Alaya.

Hay cientos y cientos de imputados, entre ellos exconsejeros de la Junta, y como se sabe los dos expresidentes. A Chaves primero y a Griñán después, no es que se les acuse de haber participado en el expolio de dinero público sino de una mala gestión, que permitió que la inmensa trama de corrupción siguiera adelante por mucho tiempo. En las listas de prejubilados se incluían a personas que nunca habían trabajado en esas empresas, o que habían trabajado mucho menos tiempo, pero que se supone que eran del partido o del sindicato. A los empresarios se les concedían generosas subvenciones sin apenas trámite alguno, contando con el beneplácito del área correspondiente. Se vendían y compraban los terrenos, si interesaban, con las habituales "mordidas" por medio. Aunque tuvo que salir de Sevilla, la juez Alaya puso el freno y dejó las cosas a punto, en una muy larga y trabada investigación.

Junto con los expresidentes habrán de sentarse en el banquillo una veintena de quienes fueron sus altos cargos. Todos ellos se encontraron con la imposición de una fuerte fianza de responsabilidad civil, que ha llevado, según se cuenta, a situaciones económicas muy apuradas a las mayoría de ellos, empezando por Griñán que tiene hasta la pensión embargada y que puede que sea quien al final se haya comido el marrón. Claro que se entiende que será el PSOE el responsable último y subsidiario de lo que pueda ocurrir en el juicio respecto a las sanciones, si bien Susana Díaz ya ha advertido que ninguno de los imputados es ahora militante socialista. Para Chaves se pide una larga inhabilitación, ya superflua, aunque la acusación particular que ejerce el PP exige cárcel, y para Griñán multa y prisión, lo mismo que para algunos exconsejeros participantes en la trama. Mientras, en Madrid, continúa el juicio contra los de Gürtel. Para que luego algunos hagan como si no hay corrupción.