17 de noviembre de 2016

Vivir en la oscuridad

La pobreza energética, una realidad que mata

17.11.2016 | 01:06
Vivir en la oscuridad

Llamémosla María, pero podría llamarse Juana. O Florentina. O podríamos no saber ni siquiera su nombre y conocerla solamente porque es la anciana que vive con su nieta al otro lado del rellano. Una mujer que siempre saluda con una sonrisa, aunque las cosas no le van bien y no la ves salir demasiado a comprar porque la pensión no le da más de sí. De hecho, hace meses que no la ayudas a subir las bolsas por la escalera. Y, un lunes cualquiera, te enteras de que nunca volverás a hacerlo. Doña María, a sus 81 años, ha muerto en el incendio provocado por una de las velas que le servían para iluminar y caldear su casa porque hace dos meses que le habían cortado la luz. No podía pagarla.

A esta anciana de Reus le tocó ser la protagonista de la sección de sucesos esta semana, aunque los candidatos a escribir el trágico final de una historia como la suya se cuentan por miles. O por decenas de miles. Solo en la provincia de Zamora hay más de 10.000 familias que viven en una situación bautizada como "pobreza energética", es decir, que destinan más del diez por ciento de sus ingresos netos anuales a gastos energéticos. La situación es extrema para 5.000 de ellas, que directamente son incapaces de mantener sus viviendas calientes durante los gélidos meses de invierno zamorano.

Este tipo de pobreza es una de las caras más frías y más duras de una crisis que sigue calando sin hacer ruido, poco a poco, por la vergüenza de pedir dinero para pagar la calefacción. Lejos de mejorar, los jarros de agua helada no paran de caer sobre las familias: el año pasado, el endurecimiento de la ley del Sector Eléctrico dejó a más de tres mil hogares zamoranos sin el bono social que les ofrecía un 25% de descuento en la factura de la luz. Más de 20.400 siguen recibiéndolo, pero muchos otros han tenido que llamar a las puertas de entidades como Cáritas para obtener ayuda.

Consciente de la situación, el gobierno catalán elaboró un decreto ley pionero en España que prohibía los cortes de luz por impago entre noviembre y marzo a los hogares que tuvieran ingresos por debajo 10.300 euros anuales y pudieran certificar su mala situación económica ante Servicios Sociales. Poco más tarde, en el mes de abril, el Tribunal Constitucional anulaba este decreto admitiendo así el recurso presentado por el Estado y con el apoyo del Gobierno, contrario a la iniciativa catalana al entender que "implicaba un coste de financiación que repercute directamente en las empresas". Solo en 2014, los beneficios de las tres grandes eléctricas españolas fueron de 7.100 millones, casi un 21% más que el año anterior. Mientras su beneficio neto superaba los veinte millones de euros diarios, la factura de la luz de los hogares españoles subía un 52%, el doble que la media europea.

La pobreza energética no es solo una sombra que planea sobre nuestra provincia. Es una realidad que mata, en incendios como el de Reus, y que también puede estar detrás del aumento de intoxicaciones fatales por mala combustión de braseros y estufas, como la que acabó con la vida de una vecina de Villardiegua. Son accidentes, sí, pero que quizá pueden evitarse y que tienen responsables, sobre todo por omisión. Si dejamos desprotegidos a los más débiles mientras los poderes públicos defienden los intereses de las grandes empresas para que sigan girando las puertas estamos condenados a llorar muchas muertes como las de María. Habremos fracasado como sociedad. Y, como dicen los versos de Abel Aparicio, "entonces,/ en ese instante,/ veréis que el mundo/ que habéis creado/ al margen de las personas/ no tenía ni pies,/ ni cabeza,/ ni personas".

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