Centrado últimamente el foco de la actualidad y de la atención ciudadana en el nuevo Gobierno de la nación y luego en el éxito electoral de Donald Trump, que será el nuevo presidente de Estados Unidos entre el rechinar de dientes de las izquierdas del mundo, ha pasado un tanto desapercibido en Zamora el nuevo e importante lío municipal que protagonizan el alcalde de la capital y su equipo gestor, de IU y PSOE, con la oposición del PP enfrente, un encontronazo más con repercusiones económicas que pueden acabar pagando directa e indirectamente los ciudadanos.

El origen del problema surgido se encuentra como casi siempre en la baldía y estéril etapa de la popular -del PP- Rosa Valdeón al frente del Ayuntamiento zamorano. La desidia que después de ocho años de mandato se apreciaba en las calles y plazas de la ciudad tenía un fiel reflejo en lo que ocurría dentro de las paredes de la Casa Consistorial, una casa en la que había muchas cosas por hacer y por barrer. Una mala herencia, descubierta porque al fin los electores, hartos de los veinte años de gobierno municipal del PP, y ante las pobres expectativas que despertaba el equipo candidato, optó por el cambio y votó mayoritariamente a otras opciones, dando la Alcaldía a Guarido.

Entre el legado víctima del abandono aparecían varios contratos de servicios que aunque habían caducado ni siquiera habían sido renovados formalmente, y entre ellos el de la ORA, aparcamientos subterráneos y grúa municipal. El nuevo equipo dirigente ha intentado desde el primer momento poner al día todas estas actuaciones, entre ellas la referida a la regulación de los estacionamientos tanto en superficie como bajo tierra, y al efecto convocó la consiguiente adjudicación, pese a que el grupo del PP puso muchas pegas, como hace siempre y en todo. Había informes técnicos favorables y el asunto se aprobó para seguir adelante, pero los ediles populares recurrieron por vía contenciosa, paralizando el tribunal la operación, alegando como motivo principal que al unificar los tres servicios en uno solo se despojaba de posibilidades a pequeñas y medianas empresas.

Resulta un motivo válido y razonable, desde luego, ante el cual el Ayuntamiento no va a recurrir, ya lo ha anunciado, con objeto de no perder más tiempo. Pero del presupuesto para 2017 habrá que sacar más de 300.000 euros para obras en la ciudad, y puede que haya que subir el precio de la zona azul ante el perjuicio causado. Y es curioso que lo de unir los servicios de aparcamientos y grúa sea cosa del PP desde hace muchos años y que en 2009 el Ayuntamiento de entonces encargase un documento, que costo 10.000 euros, sobre la unificación de los tres servicios, para que luego el asunto acabase olvidado y en los archivos. Huele a partidismo, a lucha de partidos, una vez más, y sobre todo a resentimientos que vuelven a poner en evidencia que los del PP no olvidan su derrota en las urnas en las municipales de 2015 y aprovechan cualquier oportunidad para arremeter contra el equipo de gobierno local, incluso aunque ello resulte lesivo, en general, para los intereses de la ciudad y los ciudadanos.