La diferencia entre el Congreso de los Diputados en España y el Parlamento inglés, de tan honda solera y tradición democrática indiscutible, es que los parlamentarios británicos representan a sus votantes, debido entre otras razones a que su sistema electoral así lo condiciona y permite, al contrario, pues, que en nuestro país donde diputados y senadores representan a sus partidos, que son los que hacen las candidaturas cuya inclusión supone la posibilidad cierta de llegar a las Cortes, con poco trabajo, gran sueldo, aforamiento y una larga ristra de privilegios varios. Así que allí, poco debería sorprender la decisión del Tribunal Supremo, que ha ordenado la pasada semana que sea el Parlamento el que ratifique, o no, con sus votos, el "brexit", la salida de Inglaterra de la Unión Europea dictada por el referendo celebrado en junio que ganaron, por muy poca distancia, los partidos partidarios de la espantada, cuyo motivo principal aducido ha sido la necesidad de frenar la emigración masiva.

La polémica por el resultado de tal consulta y lo que ello supone no ha dejado de producirse desde entonces con los flemáticos británicos enervados por la decisión, unos a favor y otros en contra y beligerantes con el disparate consumado. Y es que resulta difícil acatar la mala voluntad o las desdichadas ideas de algunos políticos, caso del nefasto Zapatero en España, por seguir con la comparación, con sus leyes sobre la memoria histórica o el matrimonio gay, entre otras rozando la inconstitucionalidad. Allí, el conservador Cameron, en su campaña electoral en la que no partía precisamente como favorito, prometió el referendo sobre seguir o no en Europa. Ganó, y como no todos los presidentes son tan cínicos en sus incumplimientos como Rajoy, enseguida cumplió lo prometido. Demasiado pronto, para algunos de los suyos, sobre todo cuando vieron que el resultado les abocaba a la soledad, fuera de Europa, algo que podía hacer mucho daño al país y al paisanaje. Cameron dimitió -aquello sí es una democracia de verdad- y le sustituyó la señora May que tiene o tenía previsto iniciar las conversaciones con Bruselas para la salida ordenada de la UE a finales del primer trimestre del año que viene.

Pero en esto llegó otra señora, no política sino empresaria de alto nivel, Gina Miller, de 51 años, natural de la Guyana británica aunque criada y educada en Inglaterra, y como no estaba conforme con la voluntad popular expresada en la consulta, pagó abogados -es una mujer de recursos económicos- y apoyándose en si el referendo era o no era consultivo o vinculante, llevó el tema a la justicia, que como no tiene mucho que ver tampoco con la de aquí, es más rápida, por lo que el Tribunal Superior decidió la semana pasada que habría de ser el Parlamento en última instancia el que ratificase el resultado antes de iniciar los trámites para dejar Europa. El Gobierno se ha apresurado a recurrir al Supremo, y ahora habrá que esperar una sentencia que será tan trascedente como definitiva y que May, la primera ministra, cree que se ganará sin mayores problemas. Mientras, a Gina Miller le cae de todo en las redes sociales, desde insultos a amenazas, pero ella tiene muchas esperanzas de parar el "brexit". A la espera se queda.