Una de las dificultades tradicionales del mercado laboral de Zamora ha ido siempre asociada a la escasa dimensión de los negocios implantados en la provincia, síntoma de la debilidad extrema de un tejido económico, además, pocas veces favorecido en régimen de igualdad que con respecto a otros territorios por parte de las administraciones públicas.

La mayor parte de la actividad industrial y del sector servicios (excluyendo la relativa a empleo público) recayó durante siglos en diminutas empresas de carácter familiar que no siempre pudieron o supieron avanzar hacia un modelo de mayor expansión.

Por sus condiciones estructurales, pero también por ese olvido institucional citado anteriormente, Zamora ha quedado condenada a sufrir con mayor rigor las crisis económicas como la que todavía no acaba de despejar y a beneficiarse en menor medida de los períodos de bonanza. El último, medido en una interesante investigación del profesor de la Universidad de Salamanca Helí Ovalle, "Políticas sociales y de desarrollo en Zamora", sitúa entre 1983 y 1999 un período de cierto esplendor en las industrias de la provincia, en medio del panorama de continuo declive que condujo a finales de siglo a ser el territorio con menor tasa de actividad de toda España.

En esos 16 años, Zamora se convirtió en la tercera provincia en crecimiento de Castilla y León, por detrás de Salamanca y Segovia, aunque siempre por debajo de la media nacional impulsada por la burbuja que arrasó pocos años más tarde la economía española. Ese período coincide con la implantación de empresas de mediano y gran tamaño que hacían concebir esperanzas sobre un hipotético cambio de dirección, finalmente frustrado.

El empleo en la industria se disparó: en 1993 acaparaba el 23% de la población trabajadora zamorana, ya ligeramente por encima de quienes se dedicaban a la agricultura, aunque los servicios mantuvieran a más del 50% de los empleados de la provincia. Ahora, según la última Encuesta de Población Activa, hecha pública la pasada semana, ese porcentaje apenas alcanza el 10%.

En los últimos 16 años han caído miles de puestos de trabajo al tiempo que echaban el cierre negocios florecientes en otros tiempos como la Tabacalera de Benavente, desaparecida, para la que trabajaba un centenar de personas. La crisis de la construcción dio la puntilla a la maderera Interpanel, en Villabrázaro, que superaba los 150 empleos, convertida ahora en rehén de un grupo austriaco, Kronospan, que amenaza con desmantelar la fábrica adquirida en subasta por 20 millones de euros con la idea expresa de reflotarla. La realidad parece que tiene más que ver con una deslocalización a un país del este y no consuela ese pretendido "intercambio" de la fábrica de tableros por una empresa auxiliar. Los alcaldes de la comarca benaventana se han alzado, justamente, en defensa de la industria y es indispensable que la Junta de Castilla y León preste el apoyo que se le ha solicitado.

El sector de las energías renovables contaba con delegaciones como la fábrica de torres eólicas de Alstom en Coreses, que mandó a otro centenar de familias a la calle apenas meses después de anunciar la construcción de siete torres de 90 metros de altura con destino a Finlandia como un hito de su capacidad. El gigante francés concentró en Navarra su producción y mantuvo, sobre todo, la fabricación de motores. Zamora se había perdido esa parte de I+D+i construyendo solo las bases a pesar de contar con un campus universitario tecnológico que lucha para mantenerse dentro del difícil campo de la investigación. Igual que se perdió por el camino el centro tecnológico pretendido por la zamorana presidenta del Colegio de Físicos de España, Rosario Heras, nunca puesto en marcha.

La burbuja afectó a las renovables, heridas de muerte por la nueva política desarrollada por el Gobierno del PP, aunque en el caso más paradigmático, Pevafersa, en Toro, intervinieran otros factores como una gestión dudosa y con demasiados puntos oscuros. La fotovoltaica acaparó desde su puesta en marcha por Vicente Fernández, premios, artículos de prensa y subvenciones, estatales, pero, sobre todo, de la Junta de Castilla y León. En total, accedió a 25 millones de euros en ayudas. Cuando cerró, en 2012, el pasivo alcanzaba los 122,5 millones de euros. Se presentaba como la mayor empresa de la región en su sector y la octava a nivel nacional. Sus 800 trabajadores fueron despedidos en sucesivas regulaciones, en medio de la polémica que rodeaba, y sigue rodeando, a sus directivos. Tampoco parece clara la apuesta de los nuevos socios que adquirieron las instalaciones, la denominada IP Photo Bull, que prometió alcanzar los 300 puestos de trabajo, pero que, por ahora, mantiene un conflicto con los pocos que llegó a contratar, por impago de nóminas. Dificultades financieras, argumentan los socios, que podrían dar al traste con la reapertura.

Casos de empresarios "hechos a sí mismos" que acaban en procesos judiciales o protagonizando enfrentamientos abiertos con sus trabajadores como ocurre con el responsable de General de Cuadros Eléctricos, una empresa que hacía ostentación del negocio con equipo de fútbol propio, ahora militando, ya sin su decaído mecenas, como el Villaralbo, farolillo rojo de la Tercera División.

Existen, pues, muchas y múltiples causas para el proceso de desindustrialización en todas estas firmas que quedaron en la nada, pero solo un efecto, terrible y devastador para todas las miles de familias que se han visto condenadas a emigrar o al paro.

Todo este relato ilustra una terrible realidad: en Zamora un tercio de la población trabaja para los dos restantes, dependientes y subsidiados por unos servicios públicos que no alcanzan a cubrir todas sus necesidades. Se necesita con total urgencia un plan de reindustrialización que recupere empleo y que evite esa despoblación que nos hará perder, según las previsiones del INE, otros 30.000 habitantes en 15 años.

De todas las provincias de Castilla y León, Zamora es, sin duda, una de las más necesitadas de acciones eficaces y capaces que bien podría contener el Plan Director de Promoción Industrial que el Gobierno de Castilla y León tiene en cartera desde hace meses, o de cualquier otro incentivo fiscal o empresarial que ponga en la senda del desarrollo a una tierra que no puede quedar condenada al subsidio.