Los opositores al acuerdo de paz en Colombia

El ultimo fiasco de esta índole, acaeció hace escasos días en Colombia, cuando, en un ajustado resultado, el no se impuso al sí, por menos de cien mil votos, en un plebiscito, que tenía por objeto refrendar el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.

En primer lugar, es necesario resaltar la valentía mostrada por el presidente de esa Nación, Juan Manuel Santos, a la hora de afrontar e intentar solucionar con carácter definitivo, un conflicto que lleva enquistado, en el seno de la sociedad colombiana, desde hace más de cincuenta años, y es que, a pesar de las absurdas comparaciones que desde algunos sectores de la sociedad española, tienden a extender hacia el conflicto armado con la banda terrorista ETA, (en aras de justificar su posición negativa en el referéndum mentado), nada tiene que ver una cosa con la otra.

Colombia lleva sumida décadas, en una guerra civil con las FARC, que lejos de ser el prototípico grupo terrorista de carácter Europeo, en cuanto a logística y efectivos, es más una guerrilla, que durante algunas fases de su historia, podría considerarse un pequeño ejército, que ha llegado a contar con más de veinte mil soldados, y a controlar extensiones de terreno, que en su conjunto, supondrían casi la mitad de la superficie de esa nación. Es un conflicto armando, o más bien una guerra asimétrica de baja intensidad, en la que, hasta la presente fecha, han perecido, de forma directa (a manos de las propias FARC o el Ejército colombiano) o indirecta (por otros grupos de carácter paramilitar), al menos, 220.000 personas, añadiendo a esta cifra, otros 25.000 desaparecidos y cerca de cinco millones de desplazados, en el período comprendido entre 1958 y 2012, según el informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica de ese país, y en el que conviene precisar que, en multitud de ocasiones, desde que el mismo estallase en los años cincuenta, a consecuencia de la guerra civil librada entre Liberales y Conservadores, la práctica totalidad de los sucesivos presidentes colombianos, han intentando alcanzar un acuerdo de paz definitivo con esta organización, fracasando estrepitosamente todos ellos, con la honrosa excepción del mandatario actual, Juan Manuel Santos, que, habiendo alcanzado un acuerdo de paz definitivo con las FARC, decidió supeditar su puesta en práctica, a una ratificación posterior, por medio de una consulta plebiscitaria, sin que tuviese la obligación de convocarla, en aras de reforzar democráticamente, esa decisión.

Y es que, los principales opositores al acuerdo, y responsables en últimas instancia de que el mismo no haya prosperado en el referéndum invocado, no han sido otros que los expresidentes colombianos, Andrés Pastrana (a pesar de su nefasta gestión, cuando, durante su mandato presidencial, promovió unas negociaciones con las FARC, desastrosas para la integridad territorial colombiana) y particularmente, Álvaro Uribe.

Este último, de manera hipócrita y oportunista, se ha posicionado en contra del acuerdo, pensando en los posibles réditos electorales, de cara a las elecciones presidenciales del año 2018, a las que aspira a converger, para volver otra vez, a alcanzar la Presidencia colombiana. Y es que Uribe, no soporta que Santos, su delfín cuando el segundo era ministro de Defensa del primero, se haya "emancipado" de su promotor político, y pueda pasar a los anales de la historia, como el presidente que pudo por fin otorgar la tan ansiada paz, al pueblo colombiano, poniendo punto y final a un conflicto que muchos considerando irresoluble. Solo ello explica el voto negativo uribista al plebiscito, ya que, el principal argumento defensivo de este (las supuestas amnistías para los delitos políticos y los beneficios penitenciarios para los ilícitos más graves), a la hora de justificar dicha oposición, decae por el peso de la historia. Conviene recordar que durante su mandando, se promulgó la Ley de Justicia y Paz de Colombia (marco jurídico similar al que se pretendía adoptar con las FARC), en el que se prescribían los términos y condiciones de rendición y desmovilización, con otra de las grandes lacras de esa Nación, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, nacido a principios de los años 90, con el fin de combatir a las guerrillas de extrema izquierda colombianas (entre ellas a las FARC), que participó en el derrocamiento del otrora poderoso cártel de Medellín, y en el que, irónicamente, una vez desaparecido este, las propias autodefensas ocuparon su lugar, para beneficiarse de los pingües beneficios del tráfico de estupefacientes.

Las condenas establecidas por el Gobierno de Uribe, para los delitos más graves perpetrados por las AUC (organización igual de sanguinaria que las FARC, que ha contado a lo largo de su historia con miles de efectivos, protagonistas muchos de ellos, de los episodios más violentos de la reciente historia de Colombia) son exactamente las mismas, que las glosadas por el Gobierno de Santos, para las conductas antijurídicas más lesivas de los integrantes de las FARC (en ambos casos, hablamos de penas que oscilan entre los cinco y los ocho años), y a pesar de lo antedicho, Uribe ha criticado ferozmente el acuerdo de paz logrado con dicha organización, porque según él, se concede inmunidad para todos esos delitos de carácter grave.

Esperemos que tras la reanudación de las negociaciones, se pueda conseguir un nuevo acuerdo que mejore al anterior, y que esta vez, los políticos colombianos que se manifestaron en contra del proceso de paz, dejen atrás sus intereses personales y partidistas, y aúnen esfuerzos con el presidente Santos, para conseguir lo que este manifestó públicamente (citando una estrofa del himno nacional de esa nación), en la víspera a la celebración del plebiscito, al gritar emocionado, que por fin, tras décadas de matanzas, "cesó la horrible noche".