La sociedad es una gran familia en la cual desempeña un rol cada miembro y, como tal, está sujeto a normas en todas las facetas de su conducta. Y así como en la familia los hijos -se entiende los que son menores y permanecen en el domicilio familiar- tienen la obligación de obedecer a los padres y el derecho a recibir sus atenciones en lo fundamental, como es la alimentación y el vestido, y, si es posible, en ciertas comodidades y satisfacciones de ocio; de la misma manera los padres están obligados a una recta organización de la vida familiar, en la que entra una justicia en los mandatos, por ejemplo, y una justa distribución de los bienes, de acuerdo con las necesidades de los hijos. Los hijos son "iguales" para los padres y así deben considerarlos; pero la igualdad que deben observar está en relación con las necesidades de esos hijos, motivadas, por ejemplo, por la naturaleza de los mismos, afectada por circunstancias permanentes que siguen siempre siendo condición para el trato de igualdad. Evidentemente, si un hijo es ciego y otro vidente, los padres tienen que atender a esa circunstancia para organizar la vida de los dos hijos, aunque sigan considerando iguales.

Lo mismo en la sociedad, la mayoría de los ciudadanos están en una condición parecida a la de los hijos en una familia. Y en esa sociedad, existen personas que ocupan un lugar preeminente haciendo el papel de padres en esa sociedad. Y, también, esas personas, al igual que los padres, deben considerar iguales a todos los ciudadanos; pero atendiendo a las características especiales que pueden afectar a determinados ciudadanos. Y esto debe ocurrir con relación a los individuos y a los grupos que estos puedan formar y que deben considerarse como una "persona jurídica", con relación a la cual se debe obrar teniendo en cuenta esa igualdad no matemática, sino cualificada. Para esta "cualificación" deben considerarse las circunstancias y una de éstas, muy importante, es el número de ciudadanos que se han reunido en el grupo que se considera.

Siguiendo con el símil, así como se dan padres "especiales", que observan una estricta idea de la igualdad tratando por igual a sus hijos, sin tener en cuenta las circunstancias especiales que puedan afectar a alguno de ellos, así también pueden existir (y existen) gobernantes que hacen tabla rasa en sus concesiones a grupos de ciudadanos que se han reunido en un grupo que modera su vida en común.

Ha ocurrido en Cataluña, región española muy significada por sus realizaciones y sus aspiraciones, con los grupos que se han formado bajo el sentido de la religión. Más que en toda España, donde también existen, allí abundan de modo extraordinario grupos pertenecientes a diferentes religiones, unos más numerosos y otros menos nutridos. Y, como en toda España, el grupo más numeroso -en número incomparablemente superior- lo constituyen los que se declaran católicos.

Como en las demás comunidades autónomas, tiene a su disposición la comunidad catalana una cantidad global que debe distribuir entre las diferentes religiones allí existentes. Lo normal sería que en todos los lugares se tuviera en cuenta la esencial circunstancia del número de habitantes que profesan cada una de las religiones; y, en consecuencia, ese dinero global que hay se distribuyera proporcionalmente, según el número de fieles de cada una de las religiones. Ya se entiende que es muy difícil (tal vez imposible) saber el número exacto de fieles que profesan cada una de las religiones; pero sí se puede conocer con cierta aproximación. Pues bien, alegando la igualdad como norma determinante, en Barcelona se ha repartido ese dinero en igual cantidad para cada una de las religiones, con número muy mayoritario de fieles -como es la católica, con un 52'4% de fieles- o con números mucho menores. Ya se ve que, manifiestamente, se ha entendido la "igualdad" tomando a todos los grupos por igual para darles la misma cantidad a cada uno. Esto, como es natural, no ha sido aceptado sin discusión por el ingente número de católicos, que contribuyen con sus impuestos, de manera excepcional, para costear los gastos de la comunidad autónoma. ¿Rectificarán los dirigentes en Barcelona? No cabe duda de que deben rectificar y distribuir de acuerdo con el número de ciudadanos que se declara fiel de cada una de las religiones. Eso sería proceder "de acuerdo con la igualdad"; lo actual es una chapuza.