Las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos y la Diputación Provincial por su cercanía e inmediatez con la ciudadanía y empresas, tienen que ejercer las competencias y obligaciones que le imponen la ley, de forma y manera que los acuerdos de sus plenos, los decretos de sus presidencias y las propuestas de sus directivos, en sus decisiones de gestión de los recursos públicos, bien sean humanos, monetarios, materiales, etc., observen y respeten el ordenamiento jurídico y faciliten la actividad económica de empresas y particulares.
El urbanismo y la gestión del territorio son tareas de incumbencia de las corporaciones locales que debieran contribuir a facilitar el fomento de la creación y potenciación de la malla empresarial, del respeto al medio ambiente, al paisaje, a la ordenada, correcta y sostenible utilización del territorio, etc.; lo que debiera implicar un pleno conocimiento actualizado de sus técnicas, de su regulación normativa, etc., lo que precisa de cargos electos y directivos plenamente conscientes de la necesidad de disponer y de conocer todo lo que se refiera a los instrumentos de ordenación del territorio.
"La orientación y mejora de la toma de decisiones en los procesos de transformación urbana, que permitan alcanzar la eficacia de los instrumentos de intervención precisos para la planificación y gestión de la ciudad en un modelo de desarrollo integrado, equilibrado y sostenible", precisará de la disponibilidad y/o adquisición de conocimientos de derecho urbanístico, de planeamiento urbanístico, de planificación estratégica, de sostenibilidad económica de la actuación urbanística, de control de la legalidad urbanística, de la gestión medioambiental, de la regeneración, rehabilitación y renovación urbana, etc.
El INAP, a través de su Máster Universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales, como del Curso de Urbanismo en Castilla y León, como los que imparte la Federación Regional de Municipios y Provincia de Castilla y León, contribuyen a que los técnicos de ayuntamientos y Diputación dispongan de los saberes que precisan para que la ordenación del territorio de los municipios y provincia respete la ley y estimule la actividad económica, empresarial, y el bienestar general ciudadano.
Marcelino Corcho Bragado
