Haya Gobierno en octubre o haya terceras elecciones en diciembre, cada día que pasa se hace más intenso el hedor de la corrupción en el ámbito de la política española. Hedor, tufo, peste que se extiende como una mancha de aceite tan sin límites que ni siquiera se puede contemplar y solo cabe fiar en la labor de la policía y los jueces. La gente de la calle se encuentra desmoralizada al respecto, pues la impresión que se recibe es que todo está igual de podrido y ello explica en parte la reiteración de los resultados electorales y el bloqueo institucional. Sobre todo en los partidos mayoritarios, que lo siguen siendo, en los del bipartidismo: el PP, que aún gobierna aunque sea en funciones, convertido en un selecto club de élite donde toda la corrupción es posible, y en el PSOE que ha hecho lo mismo y lo propio en comunidades donde su poder absoluto ha degenerado en corrupción absoluta, caso de Andalucía.
Finalmente, la exalcaldesa de Valencia y senadora popular, Rita Barberá, tan mimada por Rajoy, ha sido imputada por blanqueo de capitales y se ha dado de baja, obligadamente, en el PP pero cínicamente se queda en su escaño del Senado. Y antes, lo del caso Soria, con Rajoy tratando de situar en el Banco Mundial al exministro, amigo suyo, implicado en los papeles de Panamá y ni siquiera acabó ahí el asunto, porque tras la renuncia forzada de Soria se nombra a otro alto cargo, o ex alto cargo, para el puesto, un tal Latorre, que siendo secretario de Estado contrató a una empresa de la que antes él había sido dirigente, según se ha publicado. Los partidos piden explicaciones al Gobierno en funciones y la presidenta del Congreso, que está jugando un patético papel, convoca un pleno a finales de mes, aunque antes Guindos haya ofrecido ya en comisión su previsible y falsa versión del tema. Y es que el Gobierno sigue con su cantinela respecto a que al estar en funciones no tiene que comparecer ante los diputados a no ser que el Tribunal Constitucional dicte lo contrario. Y así se está, mientras en Galicia y el País Vasco aceleran sus campañas electorales autonómicas, y Rajoy se pasea con un presidente de Diputación imputado, Bárcenas retira sospechosamente su acusación sobre la destrucción de sus ordenadores, y Matas, el expresidente balear, llega a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para colaborar a cambio de no volver a pisar la cárcel. Y con el juicio del escándalo Gürtell a la vuelta de la esquina. La impresión generada es que toda esta inadmisible e insoportable situación es la punta del iceberg de una gran red de corrupción establecida, y que el entorno entero está manchado. De ahí, el hedor. Un partido en estas condiciones no puede gobernar España, ni mucho menos Rajoy puede ser su presidente.
Ahora, Sánchez, el candidato del PSOE, vuelve a pedir a Podemos y a Ciudadanos un frente común, sin vetos por medio, para conseguir un Gobierno regeneracionista, contra la corrupción, la desigualdad y el desempleo. Pero no puede haber pacto con un Iglesias radical y un Rivera oportunista, pues mantienen ambos sus lineas rojas. Si en octubre no hay componenda entre PP y PNV, lo cual supondría el apoyo de Rajoy a los independentistas, algo muy grave, ya se sabe lo que le espera al país.
