Con o sin el permiso del señor Puigdemont

Tiene guasa que haya que pedir permiso a alguien que se salta la ley para hablar de Cataluña

12.09.2016 | 00:21
Con o sin el permiso del señor Puigdemont

T iene guasa que, para hablar sobre Cataluña haya que pedirle permiso al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont!

Recientemente, cuando la fiscal general del Estado hizo unas declaraciones sobre el independentismo, con ocasión de la apertura del Año Judicial, el señor Puigdemont replicó inmediatamente diciendo: "Habla quien no tiene que hablar y quien tiene que hablar calla".

El pasado martes, día 6 de septiembre, durante el acto de apertura del Año Judicial, en presencia de su majestad el rey, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal advirtió que actuará siempre que sea necesario en defensa del ordenamiento constitucional. Advirtió a los secesionistas que no hay legitimidad fuera de la Constitución, que actuará ante el Tribunal Constitucional y que recurrirá a la vía penal.

A pesar de este duro aviso de la Fiscalía, El presidente de la Generalitat, cuan "don erre que erre", sigue dando pasos hacia la desconexión, tramita la ley de hacienda propia y anuncia la apertura de cuatro "embajadas" más.

Este señor Carles Puigdemont, que miente más que habla, cuando llegó a la Presidencia de la Generalitat, procedente de la Alcaldía de Gerona, dijo ser filólogo y periodista, cuando en realidad, según los informadores, es un bachiller y punto. Otro engaño de su biografía es que afirma no haberse dedicado a la política hasta el año 2006, pero varios años antes había creado la Agencia Catalana de Noticies, organismo de la Generalitat pagado con dinero público, donde manejo miles de euros para gestionar una sociedad pública, y en 2002 dirigía la Casa de Cultura de Gerona. ¡Política y política!

La fiscal general del Estado, por imperativo del cargo y de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, tiene como misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

El señor Puigdemont no ha querido entender que la fiscal general del Estado está cumpliendo con su deber cuando dice que hará cumplir la legalidad vigente y advierte que recurrirá a la vía penal contra quienes desprecien el ordenamiento jurídico.

Pienso que el desafío independentista está creciéndose de forma alarmante mientras el Gobierno de la nación está en funciones. Alguien debería poner freno a esta deriva secesionista que no debe ir más allá de una mera aventura sin consecuencias, como ha ocurrido en otras históricas intentonas catalanistas.

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