El pasado nos suele parecer más inocuo que el futuro, pero nada más lejos de la realidad, porque nos hemos podido enterar en estos días que más de un millón de propietarios de viviendas han estado mirando para otro lado, en el pasado, a la hora de pagar el IBI. Unos cuantos drones han hecho un barrido desde el aire y han detectado casi dos millones de inmuebles en situación irregular, lo que viene a significar que se han esquilmado al Estado 1.300 millones de euros, repartidos ente 4.300 municipios
Cuesta creerlo, sobre todo si no se explican bien las cosas. Porque en la noticia publicada se decía que se habían inspeccionado en la provincia de Zamora 103.000 viviendas y que eso correspondía al 35% del parque total, lo que significaría que el parque total de inmuebles sería de 300.000, que sería lo mismo que decir que cada zamorano sería propietario de más de una vivienda, o que cada familia - en la hipótesis de que el número de miembros por familia fuera de tres personas- dispondría de casi cinco inmuebles, puesto que el número de habitantes en el conjunto de la provincia es de 185.000. Vamos que, incluso poniéndonos al nivel de las cuentas del "Gran Capitán", costaría creerlo, porque tales cifras son un disparate, una exageración, o un error. La cifra manejada de 103.000 se entendería mejor si se refiriera al número de las inspecciones, lo que podría significar que cada vivienda habría sido objeto de varias inspecciones.
En cualquier caso, la cifra de 22.5000 viviendas de la provincia de Zamora que se dice han sido detectadas sin tributar IBI o haciéndolo por debajo de lo que les corresponde, no deja de ser escandalosa, aunque no se trate, necesariamente, de infracciones urbanísticas y, por tanto, no constituyan, en sí mismas, un fraude fiscal inmobiliario. La cifra de 22.500 ciudadanos escaqueados, sin contribuir al fisco, es un número que hace sonrojar a cualquiera, porque significa que dos de cada diez paisanos le están echando a la vida más cara que los sinvergüenzas de las "tarjetas black", y dejando en evidencia a quienes tenían la obligación de detectarlo. Porque 22.500 viviendas, bien fueran de nueva construcción, u objeto de ampliaciones o modificaciones de uso, no pueden pasar desapercibidas a los ayuntamientos, entre otras cosas, porque, con toda probabilidad, aquellos les han debido otorgar la correspondiente licencia para poder ejecutar las obras, salvo que se haya estado haciendo la vista gorda o bailando el chotis con la sombra del cohecho.
Pero si en Zamora se han detectado tantas anomalías, teniendo en cuenta sus depauperadas características socioeconómicas además de su galopante despoblación, qué no se habrá detectado en regiones, como la valenciana, donde abundan los maestros en corrupción política y la salvaje especulación ha dejado las costas encajonadas en el cemento.
Cuesta creer que en una provincia como la nuestra, donde apenas se ven torres o urbanizaciones de lujo, y brillan por su ausencia los caseríos, cortijos, masías o cigarrales, donde solo se ven viviendas de chicha y nabo, la gente se haya puesto de acuerdo para evitar pagar el IBI en tan gran proporción (20%) ya que la media nacional se encuentra en el 9 %. Porque por las calles no se ven personajes jesusgilescos exhibiendo oro en pulseras y collares, a cuál más hortera, como tampoco defraudadores desplazándose en lujosas limusinas, ni nada por el estilo. Más bien prolifera la gente que se viste de mercadillo o surtiéndose en la sección de oportunidades de los grandes o pequeños almacenes.
Cuesta creer que la gente con la que tomamos café, o con la que nos cruzamos por Santa Clara todos los días esté incluida en ese grupo de los 22.500 jetas que dejan de pagar ese impuesto, como también cuesta creer que se hayan olvidado que lo que ellos no han abonado al fisco lo han tenido que poner los demás, pero si lo está afirmando Hacienda y sus drones sus motivos tendrán.
Cuesta creer que si al que más y al que menos lo controlan al céntimo el IBI de su vivienda, de la plaza de garaje, del trastero, además de la basura, del paso de carruajes y hasta de la vesícula biliar que le quitaron hace unos años, haya podido existir tanta gente sin controlar, presumiendo de pertenecer a la cofradía de Lola Flores, aquella folklórica que se acogía a que no sabía que había que pagar impuestos. Cuesta creerlo, aunque bien es cierto que cuando se hacen esas cosas suele primar el silencio o algo parecido al sigilo, como también parece evidente que el choriceo nacional ha llegado hasta aquí sin habernos enterado.
Cuesta creer que algunos lo hayan hecho convencidos de que la cosa podía "llegar a colar" y otros por el simple hecho de que les gusta presumir de ser "más listos que nadie". Casi mejor que no lleguemos a creerlo, no vaya a ser que nos llevemos más de una sorpresa. Porque la falta de solidaridad no merece ser comprendida, ni justificada, sino perseguida y castigada, y las cosas son como han sido y no tienen vuelta atrás, de manera que más vale defraudador trincado que drones volando.
