De acuerdo a la Real Academia Española la palabra "filibusterismo" tiene dos acepciones. La primera de ellas es esta: actividad de los filibusteros (es decir, aquellos piratas que en torno al siglo XVII infestaron el mar de las Antillas). Y la segunda acepción reza así: obstruccionismo parlamentario.
Así, en política, filibusterismo es cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o cualquier interpretación interesada y retorcida tanto de las normas y de los reglamentos como de los usos parlamentarios, con el objetivo de favorecer a un único bando (sin importar ni el interés general ni el espíritu original con el que fueron redactadas las leyes).
Los estadounidenses están relativamente acostumbrados a esta técnica de obstruccionismo parlamentario, mediante la cual se pretende bloquear un acto legislativo a través de alguna artimaña, como, por ejemplo, pronunciando un discurso de enorme duración (dado que allí no hay límite temporal a la duración de los mismos). Así, tal y como han detallado Ignacio Martín Granados y Xavier Peytibi, el senador de Carolina del Sur Strom Thurmond (que se oponía a una legislación para la igualdad de derechos entre blancos y negros) habló durante 24 horas y 18 minutos seguidos en 1957, a base de leer cualquier texto legislativo. Y en 1986 el senador por Nueva York Alfonse D'Amato habló durante 23 horas y 30 minutos para intentar detener el debate sobre un proyecto de ley militar. Más recientemente, en 2013, el senador republicano Rand Paul bloqueó durante 12 horas y 52 minutos la votación del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Existen, además, casos históricos, como el de Catón "El Joven", quien décadas antes del nacimiento de Cristo habló durante interminables horas para oponerse a las ideas y a las leyes de Julio César.
Sin embargo, existen otras formas más modernas de filibusterismo político, como, por ejemplo, interpretar irresponsablemente el espíritu del Artículo 99 de la Constitución española, que dice lo siguiente: "Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara".
Entender que de ese texto se desprende que un candidato pueda estar de forma indefinida, durante semanas, meses o años, sin acudir al Parlamento, es una forma de obstruccionismo político tan interesada como retorcida. Cuando un candidato acepta el mandato del rey de España para intentar formar gobierno, ese intento debe producirse de forma leal y legítima, con relativa inmediatez, en el Congreso de los Diputados (no en los pasillos de los hoteles ni en dependencias ministeriales ni en paradores nacionales, sine die). Este tipo de filibusterismo en nada ayuda a introducir ejemplaridad, dignidad y respeto a la política en España.
Es preocupante la situación de provisionalidad que representa un gobierno en funciones con competencias muy limitadas desde hace ya ocho meses. Cualquier sociólogo o politólogo en su sano juicio consideraría imprescindible la formación (cuanto antes) de un nuevo gobierno. Al igual que encontraría muy preocupantes la actual degradación de las instituciones públicas, la precariedad del mercado laboral, la elevada corrupción política y la atronadora soledad del Partido Popular (que ha pasado de la mayoría absoluta y la soledad absoluta? alguna autocrítica debería escucharse para explicar esta situación que lleva al partido más votado por los ciudadanos a encontrarse sin ningún aliado en el hemiciclo).
En España la mayoría necesaria para formar gobierno, cuando no se gana en las urnas, se tiene que ganar en el Congreso de los Diputados. Y eso implica renuncias, cesiones y concesiones (por parte de todos los actores implicados). No hay otra forma de que del Parlamento salga un gobierno estable. Porque, no lo olvidemos, lo importante no es la investidura, sino la gobernabilidad.
Esas renuncias, cesiones y concesiones tendrán que servir para poner en marcha un gobierno limpio, sin sombras de corrupción, que apueste por la regeneración de las instituciones y que impulse una recuperación económica con soluciones justas y sostenibles, corrigiendo las grandes desigualdades sociales actualmente existentes (unas desigualdades sociales que, según datos de la OCDE, siguen en preocupante crecimiento). Necesitamos con urgencia ese gobierno de consenso. Y el líder que pueda garantizar ese proyecto, debería ser investido presidente del Gobierno de España, a la mayor brevedad posible. Porque unas terceras elecciones no serían deseables para nadie.
La otra opción, si no hay renuncias por parte de nadie, es batir un récord: el de celebrar tres elecciones generales seguidas en menos de 11 meses. Pero es mejor evitar récords ridículos, como el que tiene el francés Lluis Colet, quien a sus 62 años en 2007 habló durante 124 horas seguidas, es decir, cinco días y cuatro noches (siendo escuchado por casi nadie, obviamente).
En la actual situación política española sobran filibusteros, piratas y bucaneros. Y faltan políticos de talla, de altura y de envergadura.
